Los estados de la República están obligados a reconocer la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo que se realicen en el Distrito Federal, determinó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por nueve votos contra dos.

Ayer mismo, los ministros iniciaron la discusión sobre la constitucionalidad de que los matrimonios entre personas del mismo sexo puedan adoptar. Sergio Valls y Luis María Aguilar se pronunciaron por el derecho de las parejas homosexuales a conformar una familia por vía de la adopción, mientras Sergio Aguirre sostuvo que esta posibilidad es inconstitucional, porque no va acorde con el prototipo de familia que establece la Carta Magna, que se basa en el matrimonio formado por parejas heterosexuales.

Fuentes judiciales confirmaron que ya existe una mayoría de ministros que avala la legislación capitalina que permite a las parejas homosexuales adoptar y que la decisión de la Corte sobre el tema podría darse este jueves.

Facultades de cada entidad

Al empezar la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las reformas al Código Civil del Distrito Federal, que permite los matrimonios gays y que éstos puedan adoptar, Margarita Luna Ramos subrayó que de acuerdo con el artículo 121 de la Carta Magna, cada entidad del país está facultada para legislar sobre actos de estado civil, en tanto que las otras entidades y la Federación, como receptores de la medida, lo único que van a aceptar es la validez de ese documento para que surta los efectos consiguientes.

Sergio Valls, ministro ponente, respondió al planteamiento esbozado el pasado lunes por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN, respecto de si la Federación también estaría obligada a aceptar la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo. No puede sostenerse que las autoridades federales no deban reconocer la validez de los actos del estado civil de cada entidad, subrayó.

El que 31 estados regulen el matrimonio de manera distinta al Distrito Federal no puede, en modo alguno, limitar la facultad normativa de esta entidad, como tampoco obliga a aquéllas a hacerlo en ese sentido, insistió.

Hubo consenso entre los ministros en que en caso de que la aplicación de la norma capitalina en otra entidad –como serían adopciones, pensiones alimentarias, patria potestad, etcétera– genere un conflicto, serán los tribunales los que definan qué hacer en cada caso, aunque no descartaron que en un futuro próximo la Corte conozca de este tipo de asuntos.

Luna Ramos comentó que un matrimonio gay no puede ser declarado inválido en otra entidad: ¡ah!, pero si solicita una adopción, entonces tendrá que regirse de acuerdo con el Código Civil del estado en el que realiza el trámite.

Sólo Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre votaron contra la obligación de los estados de reconocer las uniones legales entre homosexuales. Apoyaron la disposición Valls, Aguilar, Sánchez Cordero, Luna Ramos, Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Fernando Franco.

Después empezó el debate sobre la adopción. Valls avaló su constitucionalidad y sostuvo que no por que se trate de una pareja gay se debe prohibir que adopte, porque entonces sería discriminada por su orientación sexual.

Indicó que lo que debe protegerse en aras del bien superior de los niños y de las niñas es que en el mecanismo para autorizar una adopción se garantice que esa es la mejor opción de vida para el menor, sea que se trate de una pareja heterosexual, del mismo sexo o de un hombre o de una mujer en lo individual.

Aguirre se pronunció contra dicha postura con el argumento de que “no existen estudios que demuestren la conveniencia o inconveniencia de la adopción por parejas monoparentales y que, por tanto, la SCJN no podía pronunciarse al respecto hasta que cuente con elementos suficientes para decidir sobre el asunto.