La Habana, 24 de julio. Cuba camina hacia una reforma económica, sin que aún se conozca qué velocidad puede alcanzar ni qué tan profunda será, pero ya está generando la que puede ser una de las más intensas discusiones aquí en décadas.

El investigador Omar Everleny Pérez Villanueva, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, de la Universidad de La Habana, describió el momento como el de más discusión teórica de lo que va a pasar en el futuro.

En su más reciente referencia pública al tema, en abril, el presidente Raúl Castro resumió la dimensión y la urgencia del cambio en esta forma: Continuar gastando por encima de los ingresos sencillamente equivale a comernos el futuro y poner en riesgo la supervivencia misma de la revolución.

Por pistas conocidas, se sabe que la reforma eliminará la función del Estado como la fuente de subsidios ilimitados que ha prevalecido en Cuba en medio siglo, conservando criterios de justicia social. Castro la llamó actualización de nuestro modelo económico.

Es amplio el arco de temas en juego, pero la mayor polémica enfoca unos pocos puntos: qué empresas públicas pueden pasar a otra forma de propiedad; qué servicios pueden prestar o qué bienes pueden producir los particulares y las cooperativas y con qué garantías; qué espacio puede tener el mercado; qué sectores pueden abrirse efectivamente, ya no sólo en teoría, a la inversión extranjera, y cuándo se tomarán las decisiones de fondo, que empezaron a perfilarse hace exactamente tres años.

La parte más visible de la reforma es un severo ajuste del gasto público: reducir a su mínima expresión los subsidios; recortar el presupuesto, incluso en renglones tan sensibles como la salud y la educación o en prestaciones a los empleados; aumentar el ahora limitado régimen de impuestos; adelgazar el aparato burocrático y suprimir cerca de un millón de puestos de trabajo innecesarios, equivalentes a una quinta parte de la fuerza laboral cubana, incluyendo cargos directivos.

En la otra cara, la reforma busca desatar las fuerzas productivas: elevar la eficiencia y lograr que las personas puedan vivir de su salario. Se trata de producir alimentos, entregando tierras en usufructo y alentando la siembra en zonas urbanas y suburbanas; se intenta estimular el trabajo, pagando por resultados y permitiendo más de un empleo. Hay experiencias en la conversión de las empresas públicas de servicios en cooperativas y se está restringiendo el acceso a las universidades, para inducir a los jóvenes a estudiar carreras técnicas y oficios.

Algunas piezas de la reforma por ahora son sólo enunciados; otras son apenas programas sectoriales. Hay pequeños ensayos piloto en ramas de la economía o limitados a algún municipio y algunas líneas de acción se proyectan con fuertes campañas de propaganda. Pero no se conoce aún un plan general o un enfoque sistémico. Faltan las vías que conectan a un proyecto con otro. Las decisiones van paso a paso y, para muchos, ese paso es lento.

El 26 de julio de 2007, Castro anunció cambios estructurales y de conceptos. En el semestre siguiente una amplia discusión sacudió al Partido Comunista de Cuba (PCC) e invadió barrios y centros laborales, con una agenda que rebasó sobradamente la economía.

En una reciente conversación con La Jornada, el profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa-Lago, de origen cubano, concluyó que ese fue el debate más profundo, el más intenso y más panorámico que ha habido bajo la revolución, sin comparación con las discusiones nacionales de los años 60 o 90.

Al terminar 2007, Castro informó que la discusión había arrojado más de un millón de proposiciones, pero las de mayor calado requerían consenso. En 2008 parecía que el debate entraba en la recta final: el mandatario anunció la celebración del sexto congreso del PCC para el segundo semestre del año siguiente; luego, precisó que la reforma tendría que someterse a la reunión partidaria.

Sin embargo, en julio de 2009 el congreso quedó pospuesto sin fecha fija. Como máxima autoridad del partido único, esa reunión tiene relevancia porque traza la política general del gobierno para los siguientes cinco años. La última vez que se celebró fue en 1997 y tenía que haberse convocado de nuevo en 2002, pero desde entonces sigue sin plazo definitivo.

En diciembre pasado, Castro reconoció expectativas y honestas preocupaciones por la velocidad de los cambios, pero defendió su ritmo. En abril último volvió a replicar a los críticos, esta vez alegó que ignoran la magnitud de la tarea. Días después, el cardenal Jaime Ortega evocó en público la demanda de reforma con prontitud y advirtió: Esta opinión alcanza una especie de consenso nacional y su aplazamiento produce impaciencia y malestar en el pueblo.

Hablando con periodistas extranjeros, Pérez Villanueva explicó que lo esencial es desatar las fuerzas productivas. Con el ejemplo de reformas ya adoptadas, pero aún insuficientes en la agricultura, agregó: Las medidas hay que hacerlas con gradualidad, pero no con tanta cautela, porque si no se resuelve el problema productivo de Cuba, todos los demás elementos quedan subordinados.