n su visita a Estados Unidos, a tres meses del hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon y el consiguiente derrame de crudo en el Golfo de México, el primer ministro británico, David Cameron, emprendió una ilustrativa defensa de la empresa British Petroleum (BP), encargada de gestionar la torre petrolera accidentada. Si bien reconoció que la compañía tiene responsabilidad de tapar el derrame, limpiar el desastre y pagar la compensación apropiada a las partes afectadas, el jefe de gobierno del Reino Unido señaló que BP es una empresa importante para las economías estadunidense y británica y que miles de trabajos dependen de ella en ambos lados del Atlántico, y arguyó que en ambos países hay interés en que permanezca como una compañía fuerte y estable para el futuro.

El correlato de esas afirmaciones es la decisión, adoptada en junio pasado por el gobierno de Estados Unidos, de investigar posibles responsabilidades penales por el derrame de crudo mencionado, tras duras críticas de varios sectores de la sociedad de ese país por lo que consideran una actitud errática y hasta complaciente de la Casa Blanca hacia la corporación británica.

Es pertinente recordar que la catástrofe ambiental, económica y social producida por el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon es resultado de una cadena de negligencias, fallos y omisiones cometidos por los operadores de BP que, en última instancia, obedece al afán de procurar, a cualquier costo, mayores márgenes de ganancia para los accionistas de esa trasnacional. Las demandas de esclarecimiento y castigo a los responsables de este episodio no derivan, pues, de un enojo ni de un afán de revancha contra la empresa –como insinuó ayer el propio Cameron–, sino de un elemental sentido de justicia. Que el jefe del gobierno británico –que se presenta como ejemplo internacional de solidez democrática– se comporte como defensor y agente de relaciones públicas de BP ilustra claramente el poderío que los grandes consorcios privados del orbe han llegado a tener sobre las autoridades políticas en el mundo contemporáneo.

La actitud del gobernante inglés plantea, en efecto, una perspectiva desoladora sobre el enorme poder fáctico que poseen los grandes conglomerados industriales, financieros y comerciales: si gobiernos como el que preside Cameron no pueden actuar con independencia y autonomía de tales intereses corporativos, menos aún pueden hacerlo las autoridades de los países pobres y dependientes, cuyas instituciones poseen mucho menor capacidad para salvaguardar medio ambiente, recursos naturales y soberanía.

En el caso de México, la consideración anterior resulta tanto más delicada si se toma en cuenta el afán del grupo que detenta el poder político formal por entregar a consorcios foráneos, como BP, el control de las operaciones de explotación de los yacimientos de crudo situados en aguas profundas del mar territorial, como se expresó con el intento de modificar, hace dos años, el marco legal de la industria petrolera nacional. De haber prosperado el designio privatizador, nuestro país podría estar enfrentando, a estas alturas, una catástrofe igual o mayor a la que se presenta desde abril pasado frente a las costas de Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, con el agravante de que las autoridades nacionales tendrían mucho menor capacidad que las estadunidenses para actuar en defensa de la integridad ambiental del país.

En suma, además de resultar emblemático del vasto poderío económico y político de trasnacionales como BP y de la claudicación del gobierno británico ante esos intereses, el episodio comentado debiera sentar un precedente para que los gobiernos de naciones en desarrollo actúen con extremada cautela en sus tratos con las grandes corporaciones petroleras y energéticas.