Por mayoría de votos, diputados y diputadas de PRD, PRI, PT y Panal aprobaron en comisiones unidas, en lo general y en lo particular, el dictamen sobre la ley de maternidad subrogada del Distrito Federal, que permitirá, sin fines de lucro, el alquiler de úteros, en beneficio de parejas que enfrentan problemas de infertilidad.

El documento fue sometido a discusión de los integrantes de las comisiones unidas de Salud y Asistencia Social, y de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Al momento de votarse, los legisladores de Acción Nacional se abstuvieron. Incluso, Carlo Fabián Pizano, quien cuestionó varios artículos de dicho dictamen, consideró que se estaba viendo la vida como un negocio. Además manifestó su desacuerdo con que se incluyera la posibilidad de interrumpir el embarazo.

De acuerdo con el contenido del dictamen –que podría llevarse al pleno de la ALDF en el periodo extraordinario de finales de este mes–, se señala que una pareja que sufra de esterilidad podrá llegar a un acuerdo con una mujer fértil para que preste su útero, sin que medie un fin de lucro.

Los términos del convenio –que estarán contenidos en un formato elaborado por la Consejería Jurídica de esta capital– deberán firmarse ante notario público, para que así proceda el tratamiento de inseminación in vitro con transferencia de embriones.

Los candados incluidos en el proyecto de ley son que la mujer gestante podrá prestar solamente dos veces en su vida el útero, y tanto ella como la madre biológica deberán someterse a estudios médicos que garanticen su buen estado de salud tanto física como mental. Además, la madre que aporte el embrión deberá demostrar, con respaldo médico, que está en una situación de infertilidad permanente.

Dentro de las cláusulas del convenio –señala el dictamen aprobado– quedará establecido que la pareja que contrate la prestación del útero se hará responsable de todos los gastos médicos que se generen a partir de la gestación hasta la total recuperación de la mujer gestante, con independencia de si se logra o no el nacimiento.

Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Salud, destacó que, de aprobarse esta ley en el próximo periodo extraordinario de sesiones, el Distrito Federal será pionero en este tipo de procedimientos, los cuales podrán empezar a realizarse en enero de 2011.

Un punto que generó polémica con legisladores del PAN fue la inclusión de la posibilidad de que la madre gestante o la madre biológica puedan decidir si recurren o no a la interrupción legal del embarazo en dos posibles escenarios: que el producto de la gestación venga con una malformación, o que la vida de la madre gestante esté en peligro, situaciones que contempla el Código Penal del Distrito Federal.

Según el documento, los niños no tendrán ninguna relación filial o de parentesco con la mujer gestante, además de que el incumplimiento de lo convenido en el contrato generará responsabilidades de tipo civil o penal, en tanto los médicos que realicen el implante sin el consentimiento o plena aceptación de las partes serán también acreedores a las sanciones civiles y penales.