El pasado domingo, tres días antes de que se cumplieran dos meses del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, sus familiares pudieron sostener una comunicación telefónica con él, al tiempo que los plagiarios ratificaron en ese momento sus exigencias de que los órganos de inteligencia del gobierno federal mantengan la suspensión de las investigaciones sobre el paradero del abogado o, de lo contrario, ejecutarían a la víctima, revelaron ayer a La Jornada fuentes del gabinete de seguridad nacional.

Don Diego está bien de salud. Su familia ya pudo hablar con él apenas hace unos tres días, cuando los plagiarios permitieron una breve llamada. Por ahora siguen las negociaciones por el rescate y se está recabando el dinero para cubrir las pretensiones de los delincuentes, refirió uno de los informantes. Las investigaciones del caso continúan estancadas, por lo que los órganos de inteligencia del gobierno federal siguen sin pistas sobre su paradero, aunque ya tienen ubicada la banda delictiva que privó de la libertad al litigante: se trata de un grupo criminal que opera en la zona del Bajío desde hace por lo menos dos décadas y se considera que su modus operandi estaría relacionado con más de 40 plagios de alto impacto practicados contra industriales y empresarios.

Las fuentes consultadas indicaron que la familia del ex senador ya puso a la venta varios vehículos, casas de descanso ubicadas en zonas turísticas del país, así como la mayoría del mobiliario de la casa que el político tiene en una zona residencial del Distrito Federal. La finalidad de la familia Fernández de Cevallos es juntar 30 millones de dólares en efectivo que solicitó el grupo criminal a cambio de la libertad del Jefe Diego.

Según los informantes, también la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal detuvo por completo sus investigaciones. Esta dependencia realizaba pesquisas para la ubicación del secuestrado sin la aprobación de la familia del político.

El pasado 14 de mayo, alrededor de las 22:30 horas, fue secuestrado Fernández de Cevallos en su rancho La Cabaña, que se localiza en el municipio Pedro Escobedo, en Querétaro.

El gobierno federal desplegó inicialmente todas las instancias de inteligencia civiles y militares, al igual que la Policía Federal, tratando de localizar al ex senador. Sin embargo, las investigaciones ministeriales se suspendieron desde el 22 de mayo, un día después de que públicamente trascendió que el grupo de plagiarios así lo exigió a la familia del secuestrado y ésta hizo el traslado al gobierno federal.

Las autoridades han podido reconstruir únicamente lo que el político hizo el día del plagio hasta el momento en que fue privado de su libertad junto a la puerta de acceso de la casa principal del rancho. Entre otras, que se reunió con sus amigos Carlos Loyola Vera, Luis Cabrera y los hermanos Diego y David Fernández Gutiérrez. Asimismo, que el grupo de secuestradores esperó a que descendiera de su camioneta para someterlo; le extrajeron del cuerpo el chip que permitiría su localización satelital, y luego se lo llevaron de La Cabaña sin que, aparentemente, nadie se percatara.

La familia de Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, han mantenido en secreto el contenido y número de los mensajes recibidos del grupo de secuestradores, así como las negociaciones sostenidas; sin embargo, ha trascendido que la exigencia económica para su liberación inició en 50 millones de dólares, pero logró reducirse, por ahora, a 30 millones de dólares.

El martes de la semana pasada, el panista Luis H. Álvarez indicó que el plagio de su correligionario es un dato más que indica que todavía estamos muy lejos de vivir en un país verdaderamente democrático.

Por la noche, Maricela Morales Ibáñez, titular de la subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, aseguró durante la presentación del libro El caso Wallace, en la ciudad de México, que el área a su cargo para nada investiga el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.