n un mensaje nacional emitido ayer, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció la dimisión de Fernando Gómez Mont al frente de la Secretaría de Gobernación, donde se desempeñaba desde noviembre de 2008, y su sustitución por José Francisco Blake Mora, quien fungía como secretario general de Gobierno de Baja California. Adicionalmente, informó sobre otros movimientos en su gabinete: la salida de Patricia Flores Elizondo de la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República; su remplazo por el hasta ayer titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, y el arribo a esta última dependencia de Bruno Ferrari García de Alba, ex director de ProMéxico.

La permanencia de Gómez Mont al frente de Gobernación había sido cuestionada desde hace meses, luego que el ex funcionario renunció, en febrero pasado, a su militancia en el Partido Acción Nacional. Dicha decisión, adoptada en condiciones de opacidad y sin que el hoy ex titular proporcionara explicación alguna a la opinión pública nacional, fue en su momento percibida como acto de hostilidad hacia su propio jefe y como indicador de la existencia de fisuras y conflictos en el grupo que detenta el poder. En retrospectiva, es claro que la situación referida acabó por trastocar la interacción entre Los Pinos y Bucareli, y que la salida de Gómez Mont constituye una medida de control de daños para evitar un mayor desgaste de los márgenes de maniobra política del gobierno.

Desde un punto de vista más general, resulta inevitable preguntarse con qué perspectivas y sobre qué bases puede operar un gabinete que en los últimos cuatro años ha experimentado 17 relevos en sus filas: lo cierto es que la falta de rumbo que ha exhibido el calderonismo en los distintos ámbitos del quehacer gubernamental parece un colofón lógico para una administración federal que ha sido reconfigurada con tal frecuencia y que acusa, como puede apreciarse con los nombramientos referidos, una notable escasez de cuadros y relevos.

En el caso concreto de la Secretaría de Gobernación –en cuya titularidad han desfilado cuatro funcionarios en lo que va del actual ciclo de gobierno–, la situación se vuelve tanto más desoladora por la importancia estratégica de las funciones de esa dependencia: procurar la gobernabilidad del país, articular políticas de Estado en diversos terrenos, preservar la paz social y buscar concertaciones y mediaciones con las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas. La proliferación de titulares al frente del Palacio de Covián durante las administraciones anteriores y en lo que va de la presente ha tenido, como efecto inevitable, una disminución institucional de ese cargo y se ha erigido, al mismo tiempo, en síntoma y factor de ingobernabilidad.

Mención aparte amerita la revelación hecha por el titular del Ejecutivo de que la ahora ex jefa de la oficina de la Presidencia, Patricia Flores, estuvo a cargo de la ejecución operativa y administrativa de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, una de las medidas más criticadas –salvo la incauta declaración de guerra a la delincuencia organizada– de su gobierno. La mención no sólo descubre el grado de protagonismo del propio Calderón en la destrucción de esa entidad de propiedad pública y en la ofensiva paralela contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino deja ver, una vez más, una actitud furtiva y poco transparente en la presentación de la información a la opinión pública, toda vez que el discurso oficial había venido identificando a los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Energía, Georgina Kessel, como los encargados principales de operar el golpe a la paraestatal y a sus trabajadores.