El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será el que resuelva el amparo que presentó el sindicato minero en el que impugna la decisión de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la que le negó la toma de nota al dirigente Napoleón Gómez Urrutia.

Los ministros decidieron también enviar al pleno la solicitud de modificación de jurisprudencia presentada por un magistrado federal, en el que plantea que el máximo tribunal se pronuncie respecto a si la Secretaría del Trabajo tiene facultades para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva de un sindicato, a fin de verificar si el procedimiento se apegó o no a los estatutos del organismo gremial o bien a la Ley Federal del Trabajo.

En la sesión de ayer de la segunda sala, los ministros abordaron primero el asunto del sindicato minero, en el que los trabajadores –encabezados por Gómez Urrutia– demandan la nulidad de la decisión del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, el cual determinó el 24 de junio de 2008 desconocer la personalidad del dirigente sindical.

Trascendió que los ministros consideraron que el pleno es el que debe definir los alcances de las atribuciones que tiene la STPS para otorgar las tomas de nota a los sindicatos, de manera que se preserve en todo momento el derecho constitucional a la libertad sindical, principio que también es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una vez que el amparo y la petición de modificación de jurisprudencia pasaron al pleno, la resolución de este asunto podría tardar al menos un año.

El 25 de junio de 2008, el titular del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, sostuvo en conferencia de prensa que la razón por la que su dependencia le negó la toma de nota al dirigente sindical fue porque se trata de un prófugo de la justicia que además no es trabajador de ninguna planta, de ninguna empresa minera.

Según expresó el secretario Lozano, la solicitud presentada el 19 de mayo de ese año por el sindicato minero para que se le otorgara la toma de nota a su dirigente gremial –quien actualmente se halla en Canadá– no se concedió porque el líder no estuvo presente en la 35 convención general donde fue elegido y únicamente participó en forma virtual a través de una videoconferencia, situación que no se encuentra prevista en la ley.