Los grupos del PRD en la Comisión Permanente demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del estado de México retirar los cargos contra América del Valle, tras la resolución de la Suprema Corte que ordenó la liberación de todos los detenidos por el movimiento de San Salvador Atenco.

El Estado mexicano debe dar certeza jurídica a la hija del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a fin de que no se vea obligada a salir del país como exiliada política, luego de la persecución de que ha sido objeto los últimos cuatro años, resaltó la diputada perredista Florentina Rosario Morales, en el documento en que su bancada solicita a la Permanente intervenir.

Señala que en el resolutivo de la Corte se dejó claro que las sentencias de más de 100 años contra Ignacio del Valle y los demás excarcelados de Atenco pueden considerarse una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición.

Según ese criterio, agregó, América del Valle, que debió vivir escondida cuatro años, no es prófuga de la ley, sino perseguida política y requiere también que su situación se resuelva.

En ese sentido, en nombre del PRD, propuso que la Comisión Permanente exhorte al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y al gobierno del estado de México, a que determinen el no ejercicio penal contra Del Valle, conforme a los elementos que constan en la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

Confianza en Venezuela

La propuesta es analizada ya en comisiones y cuenta con el respaldo de los legisladores del Partido del Trabajo. La senadora Rosario Ibarra comentó que si el gobierno federal y el del estado de México insisten en los procesos contra América del Valle, confía en que Venezuela le conceda el asilo que solicitó hace tres semanas, debido a que se trata de una perseguida política.

Ambas legisladoras coincidieron en que se debe investigar a los jueces, magistrados y agentes del Ministerio Público que participaron en la fabricación de pruebas y aplicación de la ley por consigna contra los líderes atenquenses, lo que los mantuvo cuatro años en cárceles de máxima seguridad.

Se debe castigar además, insistieron, a las autoridades policiacas responsables de torturas, detenciones arbitrarias, cateos y uso excesivo de la fuerza en el operativo de mayo de 2006 en Atenco.