Antes de pensar en cobrar mayores impuestos, el gobierno federal debe revisar tanto el sistema tributario como la asignación del gasto público, manifestaron el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

La semana pasada, el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher, planteó la necesidad de imponer mayores cargas tributarias para incrementar el gasto en infraestructura y lograr una tasa de crecimiento de entre 6 y 7 por ciento.

Al respecto, la unidad de estudios económicos de la Canacintra señaló que no es posible alcanzar dichos niveles cuando 80 por ciento del gasto del gobierno está etiquetado en renglones que no tienen nada que ver con el crecimiento económico.

Aseguró que si bien un mayor ingreso tributario es condición indispensable para la promoción del gasto público, no existen indicadores confiables para medir la eficiencia y eficacia de los recursos erogados.

De acuerdo con datos oficiales, por ejemplo, en materia de infraestructura el gobierno federal habría invertido –en el papel– 4.6 por ciento del producto interno bruto (PIB). No obstante, la industria de la construcción en México, actividad estrechamente relacionada con la inversión en obras de infraestructura, registró una caída anual de 3.8 por ciento en el primer cuarto del año, con lo cual lleva ya seis trimestres consecutivos de contracción, según cifras del Inegi.

La parálisis en esta actividad es tal que su dimensión en el primer trimestre de 2010 fue similar a la que tuvo cinco años antes, en el primer trimestre de 2005.

El sector industrial agregó que en las discusiones anuales sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos sólo se ha abordado marginalmente el tema de la asignación de partidas presupuestarias para la cobertura de intereses y pagos de deudas asumidas por el gobierno, pero ocasionadas por deficientes manejos del sector público y también a veces del sector privado.

¿No valdría la pena echar una mirada atenta a todos los conceptos del gasto no programable para hacer una consulta pública sobre su eventual restructuración? (...) vamos a ver si estamos de acuerdo en que los dineros públicos se gasten en deudas privadas, y vamos a ver si lo que se gasta se gasta con eficiencia, cuestionó.

Canacintra indicó que es momento de plantear, no una reforma fiscal, sino una reforma hacendaria que vislumbre la evaluación de los criterios de tributación que hasta hoy no han sido tocados por la democracia participativa.

Por separado, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) recordó que en los últimos años el gobierno federal ha alcanzado ingresos históricamente elevados, lo que no necesariamente se ha traducido, por ejemplo, en mejores servicios para los ciudadanos.

La asignación eficiente de los recursos se debe considerar como un elemento indirecto para estimular la recaudación, toda vez que cuando los contribuyentes perciben que los recursos que aporta al erario se convierten en servicios eficientes y de calidad, estarán más dispuestos a contribuir con el fisco, de lo contrario estarán buscando cada vez más alternativas de elusión o evasión de impuestos, comentó el centro.

Además, recordó que existe gran cantidad de recursos que se dejan de percibir a consecuencia de regímenes especiales y la elevada informalidad.

Antes de pensar en una mayor carga impositiva, se deben corregir estos desequilibrios; de lo contrario el erario seguirá sufriendo de faltantes y la población de mayores obligaciones fiscales, advirtió.