Juan Molinar Horcasitas, quien fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 2006 a 2009, y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes; el actual titular del instituto, Daniel Karam Toumeh, y el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo, encabezan la lista de 14 funcionarios federales, estatales y del municipio de Hermosillo responsables de la violación grave de garantías individuales que derivaron en la muerte de 49 niños y lesiones de otros 104, en el incendio de la guardería ABC.

Así lo indica en su informe sobre la investigación de lo sucedido el 5 de junio de 2009 el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, quien precisa que Molinar es responsable del desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías subrogadas; Karam, por la deficiente atención médica a las víctimas de la tragedia y por los hechos ocurridos después del incendio, y porque asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección del IMSS.

El documento atribuye a Molinar Horcasitas y a Karam omisión en su actuar por no haber promovido políticas públicas efectivas para instrumentar un programa integral de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con las medidas de seguridad de las guarderías, y no haber adoptado medidas suficientes para que esas normas de seguridad fueran debidamente cumplidas por los particulares encargados de prestar el servicio.

Sostiene que ambos son responsables de las acciones u omisiones de sus subordinados y tenían el deber ineludible de supervisar y ejercer un control efectivo sobre la actuación de los mismos.

Puede decirse que los directores del instituto, cada uno en los periodos de sus funciones, incumplieron con sus obligaciones legales de implementar políticas efectivas que impidieran las violaciones generalizadas en la prestación del servicio de guarderías subrogadas.

En el texto, Zaldívar puntualiza que los hechos ocurridos en la guardería ABC pusieron en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil y del sistema de salud de los tres niveles de gobierno.

Al ex gobernador sonorense le atribuye omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, que fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban la guardería ABC y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente, propiedad del estado.

Señalamientos similares fueron hechos al presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

Al término de la sesión de ayer, el presidente de la Suprema Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, anunció que, dada la trascendencia del caso, la próxima semana se suspenden las sesiones públicas para que los ministros tengan tiempo de estudiar el dictamen, y el lunes 14 de junio inicien la discusión pública del asunto.

El documento, subido a la página de Internet del máximo tribunal el mismo día en que se distribuyó a los ministros, puntualiza que la Corte no prejuzga sobre la responsabilidad penal, administrativa o civil de los servidores públicos involucrados; su función es señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas.

Subraya que aun cuando el dictamen no sea vinculante, no significa que no tenga consecuencias; las tiene en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática, como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer.

El documento de 370 páginas precisa que fueron violados gravemente diversos derechos fundamentales:

Los derechos del niño y el principio del interés superior.

Derecho a la protección a la vida y a la integridad física, porque el Estado no adoptó las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar la vida de los menores, con el agravante de que por su edad –entre 10 meses y cuatro años– eran particularmente vulnerables.

Derecho a la seguridad social, porque el Estado no garantizó ciertos estándares de calidad, disponibilidad, suficiencia, accesibilidad y vigilancia que debían reunir las guarderías subrogadas por el IMSS.

Derecho a la salud, porque ni el IMSS, ni el gobierno de Sonora ni el municipio de Hermosillo reaccionaron de manera adecuada antes, durante y después del incendio de la guardería ABC. Lo mismo ocurrió en materia de protección civil.

La responsabilidad del actual director del Seguro Social se dio porque durante varios días dio cifras erróneas sobre el número de niños fallecidos y lesionados, además de que no informó correctamente a los padres acerca del hospital al que fueron llevados muchos menores el día de la tragedia.

Zaldívar atribuye a Karam la violación al derecho a la salud de los menores lesionados, al obstaculizar el traslado de los niños al hospital Shriners en Sacramento, California –especializado en atender quemaduras graves– y en lugar de ello los envió a nosocomios de Ciudad Obregón y Guadalajara.

Karam debió poner a disposición de los padres de los lesionados todos los medios del instituto, pero también buscar recursos externos a fin de garantizar una mejor recuperación de los menores.

Violación al principio de igualdad en el trato de hombres y mujeres, ya que ante el desorden generalizado y el bajo nivel de calidad de las guarderías subrogadas que hay en el país, las mujeres se ven afectadas porque no encuentran un espacio adecuado para enviar a sus niños pequeños a guarderías de calidad, lo que afecta su entorno personal, familiar y laboral.

El 6 de agosto de 2009, el pleno de la Suprema Corte ejerció su facultad para investigar la violación grave de garantías en el caso ABC, por lo cual ese año se integró una comisión de magistrados (María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla) para que llevara a cabo la investigación.

El 26 de febrero pasado, dicha comisión rindió un informe en el que confirmó la violación grave de garantías individuales; el primero de marzo pasado, el pleno turnó el caso al ministro Zaldívar, quien en un tiempo récord de tres meses elaboró el proyecto de dictamen.