Madrid, 22 de mayo. Trabajadores de servicios de trenes de España convocaron un paro para el 28 de mayo, en protesta por los cambios propuestos a las condiciones laborales. La inconformidad se da en momentos en que los sindicatos anunciaron un paro general para el 8 de junio, en rechazo a las medidas de austeridad del gobierno, que busca reducir su abultado déficit fiscal, y que incluyen una reducción de los salarios en la función pública.

Los trabajadores de la compañía ferroviaria pública española (Renfe) anunciaron que realizarán el paro de 24 horas el próximo viernes, en rechazo a los cambios propuestos a las condiciones de trabajo. En una declaración el Sindicato Federal Ferroviario (SFF) adelantó que programará más huelgas en junio si la compañía no regresa a la mesa de negociaciones.

Los trabajadores buscan tener mayores garantías sobre sus empleos, más transparencia en los procesos de contratación y políticas que faciliten a los trabajadores un equilibrio entre su trabajo y su vida familiar.

Repudio a medidas de austeridad

Para el próximo 8 de junio ha sido convocada un paro de funcionarios públicos y los organismos sindicales en contra de las medidas de austeridad del gobierno español, que incluyen una reducción de los salarios.

Los sindicatos españoles declararon su oposición a las medidas de austeridad complementarias para 2010 y 2011 anunciadas el pasado miércoles por el gobierno para intentar reducir el déficit público, que junto con Grecia y Portugal han causado incertidumbre en la zona euro.

España registró el año pasado un déficit público de 11.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), después de tres años seguidos de superávit creciente antes de la crisis económica mundial, y se ha comprometido a disminuirlo por debajo de tres por ciento para 2013, límite fijado por la eurozona.

El gobierno español aprobó el pasado jueves un plan para ahorrar 15 mil millones de euros en 2010 y 2011 y reducir el alto déficit público, aunque ello implique frenar las previsiones de crecimiento, mientras los trabajadores públicos, principales afectados, se manifestaron en todo el país.

El plan, que debe ser ratificado por el parlamento, incluye la reducción del sueldo de los funcionarios de una media de 5 por ciento este año y su congelamiento en 2011, así como el de las pensiones, la cancelación del cheque bebé de 2 mil 500 euros por cada nacimiento y una disminución de la ayuda al desarrollo, entre otros ajustes.