La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer, en votación dividida (tres contra dos), atraer el recurso de apelación que impugna la sentencia dictada a los secuestradores de Hugo Alberto Wallace, por considerar que la simple individualización o incremento de la pena no constituye una cuestión de importancia y trascendencia jurídica que amerite la intervención del máximo tribunal.

La mayoría ignoró el llamado del ministro Juan N. Silva Meza para que en la SCJN no evadiéramos la responsabilidad que tenemos de enfrentar asuntos como la grave crisis que vive el sistema de imposición y proporcionalidad de penas en el país.

Silva Meza subrayó que la importancia de atender la petición del procurador general de la República para conocer la apelación presentada por la señora Miranda de Wallace contra los secuestradores de su hijo –César Freyre Morales o José Antonio Hernández Lozano, Alberto y Antonio Castillo Cruz, y Juan Hilda González Lomelí, quienes recibieron sentencias de 20 a 47 años de prisión, cuando la máxima es de 90–, no radicaba per se en aumentarles las condenas, sino, desde una perspectiva de constitucionalidad, en analizar un sistema de imposición de penas que está rebasado, dijo.

En respuesta, el ministro instructor, José Ramón Cossío, dijo que si bien el asunto es trascendente por las condiciones sociales y por lo grave que son los secuestros, desde el punto de vista jurídico no se satisface el interés de trascendencia. Ya que la revisión de la apelación la podía realizar un tribunal unitario.

Y ante el llamado de Silva de no evadir responsabilidades, señaló: “con todo el respeto que me merece, el procurador general de la República (Arturo Chávez Chávez) nos avienta un tema que está en la órbita del legislador, que es: ‘relaboren ustedes el sistema de penas, por esas condiciones donde van quedando las penas desactualizadas en razón de las condiciones sociales’”.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José de Jesús Gudiño Pelayo se sumaron al planteamiento de Cossío. Dijeron que el sistema de penas está en crisis, pero subrayaron que cuando la SCJN reciba por la vía de amparo un planteamiento que permita el análisis del tema, entonces se hará, pero por lo pronto, debido a problemas de técnica jurídica, no es posible atender la petición.

El ministro Silva Meza aseveró que el sistema de penas es cuestionado por la sociedad, porque no hay certeza sobre si el propósito de la sentencia es readaptar a un delincuente.

Dijo que la oportunidad que tenía la Corte de conocer el asunto le permitiría incursionar en cuestiones como la proporcionalidad, racionalidad y utilidad de las penas, para derivar en la aplicación de sentencias proporcionales al tipo de delito, peligrosidad del delincuente, agravantes, etcétera.

Sostuvo que el sistema de penas vive una crisis y nosotros, como tribunal constitucional, no podemos ser ajenos. Tenemos, agregó, pocas oportunidades de conocer asuntos como éstos, basados en el artículo 105 constitucional, y “no podemos quedarnos a la orilla del camino sin, cuando menos, intentar el ejercicio de una atribución constitucional para fijar una postura.

Olga Sánchez Cordero apoyó esos argumentos y agregó –en relación con la actividad desarrollada por la señora Wallace para lograr que los responsables del secuestro de su hijo sean llevados ante la justicia– que también debía tomarse en cuenta la importancia de no desalentar a los ofendidos que actúan como coadyuvantes del Ministerio Público.

Al término de la sesión, la madre de Hugo Alberto, Isabel Miranda de Wallace, dijo que se iba muy decepcionada con la resolución y comentó que la SCJN cerró el paso a la oportunidad de corregir lo que se hace mal en algunos juzgados.