El pleno de la Comisión Permanente demandó al gobierno federal elaborar y difundir un registro exacto de los civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico –que incluya la situación legal en cada caso–, e integrar un fondo para la reparación del daño a las víctimas.

En tribuna, el senador Ricardo Monreal, del PT, sostuvo que Estados Unidos ya reprobó la estrategia de combate al narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón y se refirió a la información publicada en medios de ese país sobre la presunta protección de la administración panista al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Sostuvo que el Congreso debe exigir una explicación ante esa grave acusación, “porque parece que la guerra fallida contra la delincuencia organizada es una parafernalia. ¿Hay protección, complicidad e impunidad de los cárteles? ¿Hay favoritos, hay intocables?”, cuestionó.

Ayer, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo, propuesto por la diputada Teresa Incháustegui, del PRD, para que el Estado asuma sus obligaciones sobre los derechos de la niñez y la adopción de medidas especiales para dar protección y atención a niños y adolescentes víctimas directas e indirectas de la guerra declarada por Calderón.

En el dictamen se solicita al Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Gobernación que integre y difunda el registro, además de que ordene a las dependencias correspondientes instrumentar un programa integral de atención a las familias afectadas por la guerra contra el narco.

El documento de la primera Comisión de la Permanente sostiene que es necesario que se constituya un fondo nacional de indemnización contra daños patrimoniales y pérdida de vidas inocentes, y exigió al gobierno de Calderón que en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 proponga al Congreso un monto específico para integrar dicho fondo.

En el punto de acuerdo se solicita que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las secretarías de Salud, Desarrollo Social y de Educación pongan en operación un programa para las familias y los infantes afectados por la guerra contra el crimen organizado.

Ese programa, expuso, debe brindar servicios jurídicos, atención médica-sicológica, rehabilitación física en caso necesario y oportunidades para el desarrollo económico de viudas y huérfanos.