Almoloya de Juárez, Méx., 11 de mayo. Las diputadas federales perredistas Leticia Quezada y Florentina Rosario se comprometieron este martes con los tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, a promover y gestionar su traslado a otros penales, y a intervenir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar que se les conceda un amparo directo que les devuelva la libertad, tras cuatro años de prisión.

Ambas legisladoras acudieron la tarde de este martes al Centro Federal de Readaptación Social número 1, donde se entrevistaron durante un par de horas con Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, quienes señalaron que hasta el momento no han sido notificados de nuevas causas penales en su contra, aunque no descartaron que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña nos tengan preparada una sorpresa, si es que los ministros de la Corte resuelven a favor el amparo.

Ignacio del Valle purga una condena de 112 años de prisión por el delito de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación, por hechos ocurridos en febrero y abril de 2006, y por los enfrentamientos violentos de mayo de ese mismo año con fuerzas de seguridad. A Álvarez y Galindo se les impusieron sentencias de 67 años por los mismos delitos.

Desde este penal de exterminio, como lo calificó Rosa Nelly Urrutia, madre de Héctor Galindo, los tres integrantes del FPDT llamaron a los movimientos sociales en México a seguir en pie de lucha y a defender la tierra donde nacieron. De igual forma, expresaron su solidaridad con los movimientos de La Parota y San Juan Copala.