Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), manifestó ayer que el informe del subcomité para la prevención de la tortura, de la Organización de Naciones Unidas, exhibe que en el país seguimos teniendo un serio problema de tortura que debe atenderse de inmediato.

A nombre de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Cortez presentó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) un recurso para solicitar que el gobierno federal haga público este informe que la cancillería había enviado a la reserva por 12 años, y luego de un proceso de siete meses, el IFAI ordenó que se publicara.

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos era un mal signo que el gobierno hubiera enviado a la reserva dicho informe, esto contradecía lo que pregonaba, de política de puertas abiertas a los mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, nosotros demandamos que no sólo se permita que vengan al país los organismos, sino que se haga caso a sus recomendaciones, subrayó.

Cortez, como investigador del IMDHD, insistió en que el informe tenía que hacerse público para que los defensores podamos dar seguimiento a las recomendaciones que turnaron al gobierno mexicano, para estar atentos a los programas que se pongan en marcha para frenar este delito, y responder los informes y contrastar la postura de gobierno.

En entrevista, el activista manifestó: Fuimos enterados de que se había ordenado la publicación del informe el pasado jueves, y ese mismo día la cancillería ofreció una conferencia para anunciar un plan de acción para cumplir las recomendaciones del comité contra la tortura en un afán de minimizar el diagnóstico, porque no hizo referencia para nada de la situación de la tortura en el país y del análisis que entregó la ONU.

Abundó que aunque el gobierno se esmeró en presentar informes que señalan que la tortura ha ido disminuyendo, los expertos sostienen que la realidad es otra, que hay una cifra negra por temor de las víctimas a presentar la denuncias y porque el Ministerio Público y los jueces reclasifican el delito de tortura por el de lesiones leves o abuso de autoridad.

A partir de este informe, subrayó Cortez, la CNDH, que es la instancia que tiene a su cargo el mecanismo de prevención de la tortura debe establecer indicadores que muestren cuál es la realidad de este fenómeno, y cuáles serán las metas a esperar en breve plazo, además debe realizar visitas sorpresa a las cárceles, a los centros de detención de personas y hospitales siquiátricos, entre otros.