Madrid, 11 de mayo El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicitó hoy su traslado temporal a la Corte Penal Internacional, situada en La Haya (Holanda) y donde realizaría labores de asesor externo. La entidad que deberá autorizar su excedencia es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mismo organismo que tiene sobre la mesa una hipotética suspensión temporal por las tres causas abiertas en su contra por sendos supuestos delitos de prevaricación.

La petición del magistrado responde a una invitación del fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo, de la Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002 para juzgar los delitos contra la humanidad, genocidios y crímenes de guerra.

El juez Garzón, acosado por las querellas en su contra y la ofensiva de la derecha y la extrema derecha españolas para alejarlo de la Audiencia Nacional, optó por un distanciamiento temporal (de siete meses) de su despacho en el juzgado de instrucción número 5. Esta decisión, de aprobarse por el CGPJ, no significa en todo caso ni la suspensión de los tres procesamientos en su contra ni la pérdida de su titularidad como magistrado de la Audiencia Nacional.

Garzón vive sometido desde hace meses a una ofensiva judicial en su contra, liderada por la Falange Española, la organización ultraderechista Manos Limpias y el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP). Los detonantes de este acoso fueron dos investigaciones activadas y coordinadas por el magistrado: la que pretendía investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura franquista y ayudar a los familiares de la represión a localizar los restos de sus seres queridos sepultados en fosas comunes; y, la segunda, la relacionada con la trama de corrupción política y empresarial a gran escala que afecta a decenas de dirigentes y cargos públicos del PP.

La causa contra Garzón ha despertado una masiva movilización social, que ve en el procesamiento del magistrado un trasfondo político que pone al descubierto el cariz franquista de una parte de la judicatura española, sobre todo la del Tribunal Supremo. Así, mientras las causas en su contra siguen su cauce, Garzón pretende trasladarse a La Haya donde asesoraría en cuestiones relacionadas con investigación de crímenes organizados y masivos contra la humanidad, ya que el magistrado español fue uno de los primeros en asumir la jurisprudencia de justicia universal, gracias a la cual ordenó la detención en Londres del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, y las investigaciones y procesamientos de los principales responsables de la represión durante las Juntas Militares argentinas (1976-1983).