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No reprueban erogaciones del Ejecutivo; incluye recomendaciones sobre gasto corriente

Avalan PRI y PVEM la Cuenta Pública 2007; otras bancadas cuestionan proceso

Se solicita a la ASF determinar los daños y perjuicios causados a la hacienda federal

 
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de abril de 2010, p. 10

La mayoría integrada por PRI y PVEM en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen de la Cuenta Pública 2007.

Aun cuando no reprueba el gasto ejercido por el presidente Felipe Calderón en su primer año de gobierno, incluyó recomendaciones para acotar el gasto corriente, liquidar el capital del rescate bancario y no sólo los intereses, así como combatir con firmeza la evasión fiscal de las grandes empresas.

El dictamen fue impugnado por diputados de PAN, PRD y PT, que reclamaron la aplanadora priísta y la forma en que se elaboró el documento.

Guadalupe Vera, del PAN, sostuvo que se trata de un proyecto con fuertes deficiencias; es perverso y tendencioso.

El diputado Vidal Llerenas, del PRD, reprochó que los priístas redactaran el dictamen sin consultar a los otros grupos parlamentarios. Consideró que se trata de una imposición de un partido que lo quiere votar por la fuerza, a pesar de que tiene problemas técnicos muy serios.

En el dictamen, que será presentado al pleno en la sesión ordinaria de este miércoles, se exige al gobierno federal abstenerse de transferir a fideicomisos recursos no ejercidos, ya que de los 203 mil 658 millones de remanentes de ese año, 102 mil 435 millones se concentraron en fondos inauditables.

Solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinar los daños y perjuicios causados a la hacienda pública por las irregularidades cometidas en el manejo del gasto en dependencias federales, empresas paraestatales y estados.

Debido a que las anomalías se concentraron en los sectores energía, comunicaciones, hacienda, educación y entidades paraestatales no coordinadas sectorialmente, la comisión requirió a la ASF que fiscalice programas y temas críticos para el país en esas áreas y que dé estricto seguimiento a la solventación de observaciones.

Pago a ex braceros

La comisión aprobó el pago, en una sola exhibición, de 38 mil pesos a cada ex trabajador bracero o sus beneficiarios. Con el voto en contra del PRD, la mayoría decidió que los recursos se obtendrán de economías dentro del Presupuesto de Egresos de este año o el de 2011.

Por otra parte, la Cámara de Diputados sesionó ayer durante más de diez horas para desahogar iniciativas y exhortos de todo tipo. Entre otros, uno del diputado poblano Juan Pablo Jiménez Concha, quien propuso que los chiles en nogada sean denominados platillo bicentenario.

La Cámara convocó a sesión solemne el 15 de septiembre, con el propósito de conmemorar el bicentenario de la Independencia. Con ese acto, de forma automática los diputados se autorizaron un puente de cinco días, pues regresarán a trabajar el 21 de ese mes. Además, se realizará otra sesión del mismo tipo el 20 de noviembre para conmemorar el centenario de la Revolución.

Modifican la ley de ascensos de la Marina

El pleno avaló la reforma a la Ley de Ascensos de la Armada. El acceso de los marinos al rango inmediato superior se determinará por examen de oposición.

Con esta medida los ascensos se consideran recompensa al mérito y constancia en el servicio, pero también se busca transparentar las promociones.

El dictamen define que los ascensos deben aprobarse mediante un concurso transparente, que otorgue seguridad jurídica para todos los integrantes de la Armada de México.

Garantizan derechos de hijos de reclusas

Se reformó la ley que determina las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, que tiene como propósito garantizar alimentación, salud y educación –hasta los seis años de edad– a los hijos de mujeres presas en el sistema penitenciario.

La diputada María de Jesús Aguirre, del PRI, señaló que aproximadamente 33 mil niños viven con sus madres reclusas, lo cual limita los espacios para su desarrollo. Explicó que se trata de dar garantías y protección plena a sus derechos. La reforma incluye la obligación del Estado de otorgar atención médica y servicios ginecológicos a las reclusas.

Los diputados también aprobaron una reforma al artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para definir que las plazas de magistrado de circuito y juez de distrito se otorguen sólo a los candidatos que, en examen de oposición, hayan obtenido las calificaciones más altas.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, objetó el alcance de la modificación porque, sostuvo, se deja a discreción del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número de aspirantes, quiénes lograron mayor puntaje y el mínimo aprobatorio de los exámenes.