Madrid, 23 de abril. El Tribunal Supremo español, que instruye la controvertida causa contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, decidió hoy apartar del proceso judicial a la Falange Española, uno de los tres grupos de ultraderecha que acusaron al juez de la Audiencia Nacional por presunta prevaricación.

Luciano Varela, juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra Garzón, adoptó una decisión peculiar: después de aceptar las denuncias de tres organizaciones de extrema derecha, Manos Limpias, Libertad e Identidad y de la Falange Española, y después de las críticas vertidas en su contra, ahora decidió expulsar a esta última del proceso, con lo que ya no podrá formar parte del proceso.

Aún así, el juicio oral por un supuesto delito de prevaricación todavía está en el aire, a pesar de que el propio Garzón presentó un recurso en el que cuestiona la parcialidad del juez Varela.

El caso abierto contra Garzón ha suscitado numerosas situaciones inéditas: desde el hecho de que sean los supuesto verdugos –los herederos del régimen franquista– los que sienten en el banquillo al único juez que intentó llevar algo de justicia a las víctimas de la represión, hasta la de ver a un juez del Supremo asesorar públicamente a las asociaciones ultras querelladas para que prospere su causa.

Varela instruye el caso contra Garzón en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, con lo que la querella se sustenta únicamente en las acusaciones de la citada formación franquista Falange Española, del sindicato Manos Limpias y del grupo del mismo cariz Libertad e Identidad.

El magistrado sólo necesita admitir a trámite una de las peticiones para abrir el juicio oral, lo que suscitará la casi inmediata suspensión temporal del juez de sus funciones y que tendrá que adoptar el Consejo General del Poder Judicial.

Pero frente a la decisión del juez Luciano Varela de excluir la acusación de la Falange Española por contener valoraciones ideológicas inapropiadas, comentarios personales contra Garzón y no cumplir a tiempo con las correcciones solicitadas, la organización dijo que recurrirá esa decisión el próximo lunes con miras a ser readmitido en la causa.

En tanto, la sociedad civil y diversas organizaciones de víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975) están en espera de una ola de protestas este sábado en apoyo del magistrado, con varias manifestaciones en ciudades de España y del exterior, entre ellas Buenos Aires, México, Londres, París, Dublín, Lisboa y Bruselas.

Sergio Millares Cantero, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, explicó que la decisión del juez instructor del Supremo es sólo una maniobra para acreditar su actuación, porque esos son los herederos de los que asesinaron en 1936 e internacionalmente era infumable que ellos fueran los que empezaban una acción judicial contra el que decidió enjuiciar los asesinatos durante el franquismo.

Esta plataforma civil recabó más de 100 mil firmas de apoyo al magistrado y despertó la simpatía y la solidaridad de numerosas personalidades y organizaciones, incluidas Human Right Watch y Amnistía Internacional.