Buenos Aires, 18 de abril. La justicia emitió un fallo histórico en Rosario (Santa Fe) y condenó a cadena perpetua a cinco militares y agentes civiles del ejército que estuvieron a cargo de varios centros clandestinos, donde sucedieron secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos durante la pasada dictadura militar en Argentina (1976-1983).

La condena, que fue festejada por familiares y organismos humanitarios entre lágrimas, recayó sobre los ex militares Óscar Guerrieri y Jorge Fariña y los agentes Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Constanzo, que también fueron inhabilitados para cumplir cargos públicos y deberán cumplir su sentencia en una cárcel común.

Miles de personas salieron el viernes pasado a las calles a celebrar el fallo, que también fue resultado del sacrificado esfuerzo de los familiares y organismos humanitarios para reunir pruebas y lograr justicia después de más de 34 años de espera.

Los responsables de los centros clandestinos de detención como la Quinta de Funes –que fue un experimento para quebrar a prisioneros políticos–, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco, ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, ubicados en Rosario y alrededores, fueron condenados después de siete meses de juicio por homicidios agravados, decenas de secuestros y aplicación de tortura, todos crímenes de lesa humanidad en una de las ciudades más castigadas por la represión ilegal durante la dictadura.

“Es un día histórico, es la primera sentencia, la primera causa Guerrieri-Amelong, la cúpula de inteligencia del ejército. Si no hubiera muerto el general (Leopoldo) Galtieri –uno de los presidentes de la junta militar–, estaría con ellos también”, dijo la diputada provincial Alicia Gutiérrez, querellante de la causa Guerrieri y cuyo compañero, Eduardo Tonioli, está desaparecido.

También fue querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la nación.

Declaran en juicio de la Esma

En el juicio sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), que se realiza en los tribunales de esta capital, declararon el pasado 15 de abril los primeros dos testigos después de haber escuchado a los acusados, como Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta y otros, reivindicar lo actuado y afirmar haber ganado una guerra contra prisioneros indefensos, además de amenazar al gobierno nacional, a familiares y víctimas.

La primera testigo fue la francesa Gabrielle Domon, hermana de Alice Domon, una de las dos monjas desaparecidas cuando la marina secuestró a las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y otras personas en diciembre de 1977, que fueron trasladadas a la Esma y luego arrojadas vivas al mar.

Emotiva fue la lectura de algunas cartas que Alice enviaba a su hermana en Francia. Al terminar, Gabrielle preguntó a los jueces: ¿de qué guerra hablan estos señores?, refiriéndose a los acusados.

Luego declaró Amalia Larralde, víctima sobreviviente de los horrores de la Esma, donde estuvo secuestrada y fue torturada. Como era enfermera, asistió a partos de algunas de las prisioneras en el lugar, como la hija de Rosa Roisinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo. Larralde identificó a todos los acusados.

Por otra parte, las investigaciones del periodista y escritor Horacio Verbitsky y las denuncias de dos sacerdotes víctimas de la dictadura, a lo que se agregaron otros testimonios en las últimas horas, ponen en difícil situación al ahora cardenal Jorge Bergoglio, actual arzobispo de Buenos Aires, por su apoyo a la represión dictatorial.

El periodista cita estos testimonios y también el de un seglar de una fraternidad laica que denunció en el Vaticano lo que ocurría en la Argentina en 1976 y un laico que fue secuestrado junto con dos sacerdotes que no reaparecieron.

Dos meses después del golpe militar de 1976 el obispo de Morón, Miguel Raspanti, intentó proteger a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics porque temía que fueran secuestrados, pero Bergoglio se opuso, reveló Marina Rubino, ex profesora de catequesis en colegios de la diócesis de Morón, quien estudiaba teología en el Colegio Máximo de San Miguel, donde vivía el actual cardenal.