La clase política en México ha privilegiado sus intereses coyunturales, en sociedad con la clase empresarial y los medios de comunicación electrónicos, sin defender republicanamente a la sociedad frente a los abusos que los poderes fácticos cometen en su contra, sostiene la nueva iniciativa de reforma constitucional a los artículos 6, 7, 27 y 73 para normar la Ley Federal de Radio y Televisión, que será presentada el martes próximo en la Cámara de Diputados.

Porfirio Muñoz Ledo, diputado por el Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, señala en su propuesta que las disposiciones constitucionales en la materia deberán guiarse por las siguientes directrices:

Compatibilizar con el derecho nacional las disposiciones incluidas en los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por México, que reconocen el carácter universal de los derechos a la libertad de expresión y a la información.

Expresar que, en virtud de que se utiliza un bien propiedad de la nación, la naturaleza jurídica de los medios de comunicación electrónicos es de servicio público y, por tanto, deben ser promotores de los valores republicanos que consagra la Constitución.

Reconocer la propiedad de la nación sobre el espectro radioeléctrico, a fin de otorgar a la ciudadanía el derecho de administrar las concesiones, permisos y explotación directa de este bien público, así como vigilar su actuación en la elaboración de los contenidos.

Establecer la base constitucional para la creación de un organismo autónomo ciudadano que regule los regímenes de concesiones y de permisos, dotado de facultades para otorgar y revocar estos privilegios; que vigile los contenidos de la programación y que los medios respeten y promuevan la pluralidad y los derechos humanos; que asegure el derecho de réplica y el acceso, en condiciones de igualdad entre los sectores público, privado, comunitario y educativo, a los medios de comunicación y las tecnologías que posibilitan su empleo.

Incorporar la facultad explícita al Congreso de la Unión para que legisle en materia de radio y televisión y del organismo ciudadano que regulará este servicio público.

El contenido de la propuesta de Muñoz Ledo adicionaría al artículo 6 constitucional lo siguiente: Se reconocen y garantizan los derechos universales a la información y a la libre expresión. Toda persona tiene la libertad de acceder, buscar, recibir y difundir informaciones de cualquier tipo y por cualquier medio de comunicación, sin previa censura y con responsabilidad ulterior.

En el artículo constitucional siguiente, la iniciativa propone: Sin detrimento de lo establecido en el artículo anterior, los medios de comunicación electrónicos son de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución. Procurarán el respeto y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos consagrados en el artículo 3° de esta Constitución; sus contenidos deberán reflejar la pluralidad y diversidad de la República; queda prohibida y será sancionada toda práctica discriminatoria por parte de los medios de comunicación.

La adición al artículo 27 del mismo ordenamiento establecería: “El espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible; podrán acceder en igualdad de condiciones a su explotación, uso o aprovechamiento las entidades públicas educativas, privadas y comunitarias, ninguna de ellas podrá concentrar más de 25 por ciento de las frecuencias.

La administración y la vigilancia de concesiones y permisos de la radiodifusión y telecomunicaciones por medio del espectro radioeléctrico queda a cargo de un organismo público autónomo de participación ciudadana creado por el Congreso de la Unión.