El incremento de más de 100 por ciento en el gasto que el gobierno federal destina a combatir la miseria por medio de programas asistencialistas no ha conseguido reducir la pobreza patrimonial y alimentaria de 50 millones 600 mil mexicanos, advierte la Cámara de Diputados.

El análisis al sector desarrollo social en la Cuenta Pública 2008, elaborado por la unidad de evaluación y control (UEC), refiere que la política social de la administración panista se propuso lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos mediante la búsqueda de igualdad de oportunidades, como se definió en el Plan Nacional de Desarrollo. En éste se especifica que el gasto público es el principal instrumento del gobierno para reducir la desigualdad social.

Las acciones con mayor apoyo de parte del gobierno del presidente Felipe Calderón son las de asistencia social, que pasaron de 25 mil 401 millones de pesos de 2005 a 60 mil 774 millones en 2008. Tal monto significó un incremento acumulado en términos reales de 101.3 por ciento, detalla el documento en revisión de los legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

El incremento del gasto público en desarrollo social ha venido acompañado por una mayor concentración de los recursos a escala federal, al contrario de la tendencia de descentralizar gradualmente el gasto público sobre todo a estados y municipios, detalla.

Explica además que del total de los recursos ejercidos en 2005 para la superación de la pobreza, el gobierno federal ejecutó 66.1 por ciento, los de los estados 12.5, y los municipales 21.4, situación que se acentuó para 2008 al cambiar las proporciones a 76.1 por ciento, 5.1 y 18.8 respectivamente.

Así, el gobierno federal ejerce 76 centavos de cada peso erogado en el gasto social, y deja sólo 24 para ser utilizados por las entidades federativas y los municipios.

El documento, que será debatido públicamente la semana próxima por la Comisión de Vigilancia con los auditores de la ASF, señala que el gobierno federal ha continuado con la operación de políticas públicas con enfoque asistencialista, por lo que el incremento registrado de los recursos públicos destinados al abatimiento de la pobreza se han reflejado, entre otras cosas, en el aumento del número de beneficiarios y de apoyos mensuales emitidos a las familias.

Aun así, el aumento en la atención económica a las familias en México, prácticamente no ha modificado la situación que tiene el país frente a otras naciones.

El reporte detalla que el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ¿Crecimiento desigual?: distribución del ingreso y pobreza en los países de la OCDE, publicado en 2008, menciona que en el caso de México los beneficios públicos en efectivo a la población constituyen solamente 5.8 por ciento de los ingresos disponibles en el hogar, proporción que solamente es inferior en Corea.

La distribución de los beneficios públicos en el país es la menos progresiva de todas las naciones de la OCDE. Con estos dos elementos se muestra que la retribución del gobierno mediante los beneficios en efectivo tienen poco impacto en la desigualdad y la pobreza, al contrario del otorgamiento de servicios públicos en salud, educación y vivienda que logran mitigar la desigualdad del ingreso más que en cualquier otro país de la OCDE, ya que estos servicios se distribuyen de manera más amplia y equitativa en comparación con los beneficios en efectivo, sin logros reales en la lucha contra la pobreza.

Es en el caso de la pobreza patrimonial, donde se ha registrado un mayor aumento de 2006 a 2008; 5.9 millones de personas cayeron en pobreza, con lo cual la población en esa situación llegó a 50.6 millones de personas. Esos mexicanos no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte, aun si dedicaran la totalidad de sus recursos económicos a ese propósito. De casi la mitad de la población nacional, 19.5 millones son pobres alimentarios, es decir, no tuvieron insuficientes ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si hubieran destinado todo su ingreso para ese fin.

En el tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón se refiere que bajo esa condición se situaban en 2005 poco más de 18.9 millones de mexicanos, de los cuales 65.4 por ciento se encontraban en zonas rurales y 34.6 en zonas urbanas.

Esta cifra pasó en 2008 a 19.4 millones de mexicanos, de los cuales 62.4 por ciento se ubicaban en zonas rurales y 37.6 en zonas urbanas. Los índices de mayor pobreza se localizaban en 3 entidades federativas: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como una pobreza más moderada en otras 9 entidades del Bajío, Centro y Sureste del país.

Por lo que hace a la pobreza patrimonial, que se refiere a la población que puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, pero su ingreso per cápita no le permite adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar, en 2005 se reportaban 48.8 millones de personas, de las cuales 48.6 por ciento se encontraban en zonas rurales y 51.4 en zonas urbanas.

En 2008 el nivel de pobreza patrimonial se incrementó a 50.6 millones de personas, de las cuales 46.1 por ciento se encontraban en zonas rurales y 53.6 en zonas urbanas, por lo que para este año se generaron, en comparación con 2005, alrededor de 1.7 millones de nuevos pobres en menos de tres años, poco más de medio millón de personas al año.