El informe preliminar presentado por la comisión investigadora designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, considera que los funcionarios de los tres niveles de gobierno que están involucrados en la violación de garantías individuales son:

“Del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): a) Director General, Juan Francisco Molinar Horcasitas. b) Director Jurídico, Fernando Gutiérrez Domínguez. c) Director de Prestaciones Económicas y Sociales, Jesús Ignacio Navarro Zermeño. d) Coordinadora de Guarderías, Dora García Kobeh. e) Delegado en el estado de Sonora, Arturo Leyva Lizárraga. f) Jefe Delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales, Emigdio Martínez García. g) Titular del Departamento de Guarderías, Noemí López Sánchez. h) Coordinadoras zonales Thelma Salado Islas, Yadira Barreras, Delia Irene Botello Amante e Irma C. Díaz Gómez.

“2. Del gobierno del estado de Sonora. a) Gobernador Eduardo Bours Castelo. b) Secretario de Hacienda estatal, Miguel Eugenio Lohr Martínez. c) Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Rodríguez. d) Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani.

3. Del ayuntamiento de la ciudad de Hermosillo. a) Presidente Municipal, Ernesto Gándara Camou. b) Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal, Javier Hernández Armenta. c) Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, Alejandro Sugich Prandini. d) Dirección de la Unidad de Protección Civil Municipal, Roberto Copado Gutiérrez.

El informe concluye que la responsabilidad que les corresponde (a los funcionarios señalados) por el cargo que desempeñaban es la omisión en la supervisión de los actos de sus subordinados, fundamentalmente por haber permitido que las guías de supervisión no incluyeran aspectos de protección civil previstos tanto en normas oficiales mexicanas como en legislación estatal y municipal.