Mexicali, BC, 1º de marzo. El Colegio de Abogados de Mexicali (CAM) denunció actos de corrupción y otras irregularidades en los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación en esta frontera, donde algunos magistrados no sólo toleran, sino propician el cabildeo ilícito o gestión espuria de asuntos judiciales.

Un documento firmado por la presidencia y el consejo consultivo de ese organismo señala que hay licenciados en derecho que hacen las veces de cabilderos y acuden asiduamente a los tribunales colegiados del decimoquinto circuito.

Ahí se entrevistan con magistrados y secretarios de estudio y cuenta para hacer alegatos de oreja a fin de influir en asuntos judiciales en trámite o turnados para proyecto de sentencia.

El pasado 28 de octubre el CAM presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal, en la que asevera que este cabildeo ilícito es una actividad habitual, a la vista y presuntamente con la participación de algunos magistrados de los cinco tribunales colegiados del decimoquinto circuito.

Tres meses después, la denuncia no ha sido desahogada, por lo que el CAM solicitó la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Advirtió que el silencio y la pasividad del Consejo de la Judicatura Federal dan la impresión de que estos hechos no son prioridad en la agenda de dicho órgano.

El presidente del CAM, José Luis Huape Rodríguez, y los integrantes del Consejo Consultivo, Francisco Postlethwaite, Milton Castellanos Gout, Rosendo Cervantes y Daniel Solorio, sostuvieron que la ilegalidad radica en que los cabilderos no están autorizados para representar o asesorar a las partes o interesados en los negocios judiciales.

Su participación, agregan, no deja rastro en los expedientes porque sus oficios con los funcionarios judiciales se reducen a alegatos de oídas.

Explicaron que, sin recato alguno, los cabilderos ofrecen influir en los resultados de los procesos y para ello se requiere la participación de ciertos magistrados. En consecuencia, la aplicación del derecho en el Poder Judicial Federal se subordina a intereses incompatibles con el bien público, señaló Huape Rodríguez.