Ante el creciente hostigamiento del gobierno federal, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) impartirá a sus agremiados un taller de resistencia civil y pacífica.

En el curso se difundirá información acerca de las garantías básicas y otros derechos constitucionales que salvaguardan, afirman los dirigentes del SME, el plan de acción de esta organización gremial, opositora a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace casi cinco meses. También se discutirán estrategias defensivas, porque los integrantes de este sindicato advierten peligro creciente de represión contra líderes y representados que va desde el uso de la fuerza pública hasta el encarcelamiento de electricistas.

Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, dijo que el gobierno federal tiene una campaña de criminalización de los movimientos laborales.

El grado de hostigamiento de la Policía Federal en los campamentos [de electricistas] se ha intensificado; hemos observado que, para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación.

Sin embargo, agregó, pese al ambiente hostil hacia nuestro movimiento de resistencia, hemos definido una nueva etapa en el plan de acción, con el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales, porque estamos convencidos de que alcanzaremos la victoria mediante la lucha jurídica y la actividad política y social con la población.

Además de la estructura de coordinación e información que impulsa el SME para detectar, en coordinación con los ciudadanos, fallas en el suministro de energía eléctrica, los electricistas protagonizarán acciones durante las siguientes dos semanas, previas al 16 de marzo, día en que vence el emplazamiento a huelga que intentan hacer efectivo.

Ese día concluye también la vigencia del contrato colectivo en LFC y, antes de la extinción de este organismo, el SME solía intensificar la negociación con la dirección de esta empresa a fin de conseguir alza salarial y prestaciones.

Sin embargo, ante el nuevo contexto (el decreto presidencial da por concluidas las relaciones laborales, pero no ha podido hacerse efectivo por los amparos en curso en juzgados y tribunales), el SME interpuso un atípico emplazamiento a huelga, trámite que fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ante ello, el sindicato interpuso un amparo adicional por esta causa, el cual analiza un juzgado de distrito, de ahí que los líderes del gremio consideran que tienen el derecho de avanzar hacia el estallamiento de huelga en LFC y, con ello, los trabajadores impedirían –bajo esta lógica– las labores en las instalaciones de esta empresa, operada desde el pasado 11 de octubre por la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que subcontrató para atender la zona central del país, aun la ciudad de México.

En esa dinámica, el SME aprobó el jueves pasado celebrar asambleas departamentales y seccionales para informar a los agremiados las tareas a realizar hasta alcanzar la victoria.

El plan incluye más visitas a delegaciones y municipios; brigadeos en la población y seguir promoviendo la suspensión de pagos de las facturas de la CFE.

El 3 de marzo, está programada una asamblea magna de los más de 20 mil jubilados de LFC y, un día después, un mitin en la plaza central de Nezahualcóyotl, estado de México.

El 7 de marzo, el SME y representantes de otras organizaciones viajarán a Cananea, Sonora, para celebrar la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, con el fin de expresar su solidaridad a los mineros en conflicto laboral desde hace más de dos años.

El 11 y 12 de marzo el SME sesionará con enviados de organizaciones laborales internacionales como la Federación Sindical Mundial, la estadunidense AFL-CIO y la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía.

Ello antes de la estrategia preparatoria a la huelga en LFC, el 16 de marzo.