a conferencia denominada Biotecnologías agrícolas para países en desarrollo, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), se iniciará mañana en Guadalajara, Jalisco, enmedio de críticas por lo que se percibe como una decidida promoción, por parte de ese organismo internacional y bajo la mascarada del impulso a los modernos sistemas de cultivo, de la producción y el consumo de alimentos transgénicos en los países pobres.
Por lo que hace a México, la celebración de esta conferencia en la capital jalisciense cobra especial relevancia por cuanto empata con un momento en que el gobierno federal ha aceptado, luego de una década de moratoria a la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional, dar luz verde a las plantaciones experimentales de ese producto.
Aunque la propia FAO ha insistido en que el empleo de biotecnologías –incluido el uso de organismos genéticamente modificados y transgénicos– podría ser una herramienta eficaz para el combate al hambre a escala planetaria, es claro que tal apuesta encierra riesgos indeseables en materia de soberanía alimentaria, salud humana y biodiversidad. Como señaló en entrevista con La Jornada el director ejecutivo del Grupo ETC, Pat Mooney, la industria biotecnológica está controlada por trasnacionales, las cuales jamás se han interesado por alimentar a los pobres, porque ellos no pueden pagar
. Significativamente, la mayoría de las patentes de los transgénicos se encuentran en manos de un puñado de compañías, y tres de ellas, Monsanto, Syngenta y DuPont-Pioneer, controlan más de 90 por ciento del mercado de esos alimentos. Ante tal grado de concentración corporativa, la aceptación de la política alimentaria promovida por la FAO implicaría colocar a países pobres y dependientes como el nuestro en manos de unas cuantas trasnacionales y renunciar, en consecuencia, a la soberanía en el campo de la alimentación.
A los riesgos que encierra el uso de transgénicos en materia de seguridad económica y alimentaria se suman las afectaciones provocadas por éstos a la salud y a la biodiversidad. Respecto del primer punto, es relevante un estudio publicado en diciembre pasado en el International Journal of Biological Sciences, en el que se prueba que tres variedades de maíz genéticamente modificado, producidas por Monsanto, pueden ocasionar daños a los riñones y el hígado; una de ellas, por cierto –la variedad NK603–, fue autorizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para cultivarse experimentalmente en Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa. En lo que toca al segundo de estos aspectos, debe traerse a cuento el medio centenar de casos documentados de contaminación transgénica en diversos centros de origen del mundo –y detectados en la última década–, entre los que se cuentan cultivos de maíz contaminado en Chihuahua, Morelos, Durango, estado de México, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.
En suma, la apuesta alimentaria de la FAO encierra, según puede verse, diversos riesgos indeseables para el medio ambiente, el bienestar humano y la economía de los países en desarrollo, y detrás de ella pareciera hallarse un espíritu de defensa de los intereses corporativos antes que una preocupación genuina por garantizar el derecho a la alimentación: para lograr esto último, lo procedente sería impulsar un viraje en el actual modelo de producción alimentaria, y promover apoyos gubernamentales al desarrollo rural y los pequeños productores agrícolas, en tanto que son éstos, y no las grandes trasnacionales, los que pueden resolver los problemas de desabasto de comida en países como el nuestro.
