Guadalajara, Jal., 14 de febrero. La incertidumbre prevalece en el ejido José María Morelos, municipio de Tomatlán, donde se pretende construir un lujoso complejo turístico de mil 200 hectáreas, al cual el gobernador Emilio González Márquez llamó un nuevo Cancún.

Los pocos lugareños que permanecen en el lugar malbaratan sus tierras ante la amenaza de desalojo, como ocurrió en 2007 en el vecino ejido Campo Acosta, donde también se proyecta un desarrollo inmobiliario.

Los ejidatarios Guadalupe Valadez y Elías Sánchez –este último miembro de la directiva del ejido José María Morelos– consideran que el desarrollo promovido por la empresa Rasaland, en sociedad con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, tuvo un mal comienzo con la compra de tierras baratas (un promedio de 200 mil pesos por hectárea), pese a que oficialmente se anunció un precio de un millón 800 mil pesos.

En un pueblo tan pequeño como Morelos, donde la mayoría son parientes, algunos creen que Ricardo Vázquez Nájar, presidente del comisariado ejidal, ha mejorado su situación económica desde 2007, cuando se inició la compraventa de tierras y él llegó al cargo.

Discrepan dependencias

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se confrontaron por el nuevo Cancún.

La Semades consideró que el ordenamiento ecológico de Tomatlán –aprobado el 23 de diciembre, al mismo tiempo que se anunció del megadesarrollo turístico– está hecho a prueba de balas, en términos jurídicos.

En respuesta, la Conanp afirmó que durante la respectiva consulta pública no se tomaron en cuenta las sugerencias que presentó la dependencia, por lo que anunció un nuevo ordenamiento federal, a partir de un plano que actualizará los límites del santuario tortuguero del playón de Mismaloya, que incluye a la costa de Chalacatepec. Las autoridades locales tendrían que aceptar esta nueva disposición.

La Semades, que promueve desde 2008 las playas jaliscienses de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, ha sido criticada por especialistas de la Universidad de Guadalajara que laboran en los centros de investigación ambientalistas, regidores de Tomatlán y ejidatarios, por cambiar el uso del suelo en zonas costeras para hacerlo de vocación turística, lo que afectará numerosas áreas protegidas.