Querétaro, Qro., 5 de febrero. Los gobernadores de Michoacán, el perredista Leonel Godoy, y de Querétaro, el priísta José Calzada, pugnaron por alcanzar un nuevo pacto social en el país. En este punto, el primero exigió mantener la separación Estado-Iglesia.

En la celebración del 93 aniversario de la Constitución, Godoy, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aseguró que se requieren cambios constitucionales en el procedimiento judicial, el régimen político y el sistema electoral y de partidos. Apremió a aprobar las candidaturas independientes, lo mismo que cambios en el régimen fiscal y en las modalidades del pacto federal.

Se pronunció por mantener intactas algunas garantías. Tras la liberación de 12 alcaldes michoacanos al no comprobarse que tuvieran vínculos con el narcotráfico, demandó mantener el sistema de justicia basado en la presunción de inocencia.

Sin mencionar abiertamente al tema, aseveró que los derechos sociales, las garantías individuales y los derechos humanos, las garantías procesales, los derechos políticos y la división de poderes no deben modificarse.

Ante el presidente Felipe Calderón, quien defendió la detención de esos alcaldes ahora liberados, planteó que los grandes retos nacionales, como la pobreza, la democracia, la seguridad y la independencia, se enfrentan mejor acatando la legalidad, lo que implica el respeto a la Constitución.

En respuesta a Calderón, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, rechazó que exista parálisis legislativa, ya que de 2000 a 2006 se hicieron 17 reformas y de 2006 a la fecha se han publicado 22 decretos con diversas modificaciones.

Calzada también se había pronunciado por suscribir un nuevo pacto social, y aseguró que es hora de hacer una tregua en los enconos históricos para dar paso a reformas profundas, sin egoísmo partidista ni oportunismos.

Llamó a emprender una gran reforma que recupere el sentido de las instituciones republicanas, que se perdió en las exigencias de la inmediatez.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aseguró que “es preciso que la legalidad se ostente como virtud social para que la ilegalidad no sea admirada como válida astucia.

Es preciso que proclamemos juntos que nadie tiene jamás derecho ni razón para hacerse justicia por su propia mano, ni hay cabida para mecanismos o corporaciones paralelas resuelvan problemas individuales o colectivos, expuso.