El impacto de la crisis económica sobre los flujos migratorios de México y Centroamérica hacia Estados Unidos no sólo tienen un efecto económico, también social y político, pues ante la caída en la generación de empleos, las familias campesinas se han visto obligadas a vender parte de sus tierras para dar apoyo financiero a quienes migraron, afirmaron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) e integrantes de organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos del migrante.

Reunidos en el seminario internacional El desarrollo rural y la crisis mundial. Impactos, retos y alternativas, convocado por la UAM-Xochimilco, Rolando Duarte Méndez, investigador guatemalteco, y Gaspar Rivera-Salgado, coordinador general del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, alertaron sobre el impacto de las políticas económicas neoliberales que han convertido a millones de campesinos en damnificados económicos que se ven obligados a migrar para subsistir.

La crisis que enfrenta el agro a nivel mundial, advirtieron, desdibuja factores prioritarios como la transformación y el deterioro de la comunidad de origen del migrante, a donde están regresando miles de trabajadores que salieron de su país, pero sin mecanismos de adaptación ni apoyo gubernamental para reintegrarse a su localidad.

En Guatemala, afirmó Duarte Méndez, la crisis económica está claramente vinculada a las políticas del neoliberalismo que han generado más pobreza y desempleo, pues se estima que sólo 4 por ciento de la población económicamente activa cuenta con trabajo estable, mientras que el resto se ve obligado a buscar empleos temporales y precarios.

Rivera-Salgado, especialista en la migración indígena hacia Estados Unidos, señaló que en ese país viven poco más de 24 millones de personas de origen mexicano, de las cuales 12.5 millones nacieron en nuestro país y han tenido que migrar como resultado de una política pública fallida de apoyo al campo y al desarrollo de la economía rural.