La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó anoche, en un escueto comunicado, acerca de la renuncia del subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la dependencia, Jeffrey Max Jones Jones, quien el miércoles dijo que los campesinos mexicanos tienen que aprender del modelo de mercado de los narcotraficantes.

Los dichos del ex funcionario causaron asombro y enojo entre sectores políticos, sociales y campesinos, por lo que el miércoles y ayer hubieron pronunciamientos que calificaron esas afirmaciones de graves, ligeras, patéticas, imprudentes e irresponsables. Además demandaron su renuncia y exigieron una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

El ex subsecretario hizo tales afirmaciones durante una conferencia ofrecida luego de la inauguración del foro La política agroalimentaria en un escenario de crisis económica global, y aunque fue uno de los principales organizadores, ayer no acudió a la clausura. Fuentes cercanas a la Sagarpa revelaron que Presidencia le ordenó no presentarse más en público.

Jones Jones llegó a la subsecretaría en diciembre de 2006, junto con el ex titular de la dependencia Alberto Cárdenas Jiménez. Existe gran cercanía entre ambos: el primero se sumó a la campaña del jalisciense para obtener la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) para las elecciones de 2006.

Jones inició su carrera política en 1997 como diputado federal por el blanquiazul, representando el distrito uno de Chihuahua. Es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Brigham Young en Provo, Utah, Estados Unidos. Como secretario de la Comisión de Ganadería de la 58 Legislatura ordenó imprimir un listado de funciones en sus tarjetas de presentación:

Don Jeffrey Jones. Inventor, mercenario, cazador profesional, abigeo, agente doble, bailador, guitarrista, jinete de toros, caballero, extremista analítico del cerebro derecho, cantante de serenatas, aviador y jugador. Conduce viajes espaciales, maneja guerras, inicia revoluciones, administra gobiernos, sofoca insurrecciones, arregla carreras de caballos. Deroga impuestos, destruye puentes, doma tigres, desaloja bares, ejecuta venganzas y castra dinosaurios.

Con sus dichos del miércoles pasado, el ex funcionario provocó que en diversos sectores del país se multiplicaran las críticas, pues un alto representante del gobierno federal elogió la eficiente estrategia de mercado del narcotráfico, con lo que contravino una de las principales políticas de la administración calderonista: la lucha contra el crimen organizado.

Horas antes de que la Sagarpa anunciara la remoción, ayer –al igual que el miércoles– hubo pronunciamientos contra esas afirmaciones.

Miguel Luna, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, consideró que la PGR debe tomar cartas en el asunto e investigar los bienes del ex subsecretario y sus actividades. Prácticamente está invitando a los campesinos a afiliarse a los narcotraficantes. Debe dejar la subsecretaría, dijo horas antes de la remoción.

Max Correa, líder de la Central Cardenista Campesina, señaló que el ejemplo del ex funcionario de Sagarpa demuestra el extremo de la frivolidad con la que se conduce esa rama de la dependencia. El tema de los alimentos no es un asunto de negocios sino de seguridad nacional.

El líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, acusó a Jones de incitar a los campesinos a cometer delitos al enaltecer la lógica de mercado de los narcos. Los invita a ser “narcoagricultores”.

Para el secretario de trabajadores del campo, desarrollo rural y pueblos indios del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Pedro Silva, esos dichos más que torpes, son muy peligrosos y desconciertan. Lo desaprobamos, pedimos su destitución y que se le investigue. La PGR, de oficio, debe hacerlo, pero lo exigiremos por medio de nuestros legisladores.

El coordinador del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Alberto Jiménez Merino, señaló que el procurador general de la República, Arturo Chávez, debe pronunciarse sobre esas declaraciones. A la petición se sumó Heliodoro Díaz (PRI), debido a que incita e induce a la comisión de un delito.

Alejandro Encinas, coordinador del PRD en San Lázaro, calificó el exabrupto oficial como una declaración muy desafortunada, que da cuenta no sólo de las limitaciones de los funcionarios responsables del sector, sino de las carencias de una política para garantizar el desarrollo rural en el país. Es una declaración que ofende a los ciudadanos y a los campesinos. Por dignidad, debería renunciar, dijo por la mañana.

Entre el panismo las afirmaciones de Jones también causaron molestia. Roberto Gil, vicecoordinador de la bancada del blanquiazul aseveró que con justa razón hay alguna indignación y expresiones en sentido de rechazo a esta postura. Se trata de un exceso verbal que no tiene ningún valor ni en su fondo ni en su contexto. La lucha que está dando el Presidente contra la delincuencia organizada ha acreditado los esfuerzos del gobierno en esa materia y, precisamente, no podemos hacer apología de ningún tipo de estos asuntos.

Gerardo Sánchez, de la Confederación Nacional Campesina, advirtió que esas declaraciones no abonan al desarrollo del sector agropecuario, pues los campesinos requieren certidumbre, oportunidades para su desarrollo y no lecciones que demuestran poca creatividad.

Rafael Galindo Jaime, dirigente de la Central Campesina Independiente, subrayó que esas expresiones revelan una postura desesperada ante la falta de eficacia de las políticas públicas para tratar de impulsar un modelo de desarrollo en el sector agropecuario.