La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, advirtió que existe en el país la tentación de crear una instancia que revise las resoluciones del IFAI, lo cual haría nugatorio el derecho de acceso a la información pública.

Esa garantía individual, dijo, debe merecer la misma voluntad perfeccionista por parte del Estado democrático que el derecho al voto.

En la clausura de la sexta Semana Nacional de Transparencia, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Peschard afirmó que el acceso a la información y la protección de datos personales son garantías fundamentales y no una concesión gratuita de los servidores públicos.

Tras señalar que se enfrenta el reto de crear un entramado institucional que garantice el referido derecho, se pronunció por generar leyes, instituciones y prácticas que eviten la inexistencia de información.

Respecto a la clasificación de asuntos vinculados con la seguridad pública y nacional, consideró necesario acabar con el falso dilema de que abrir esos temas a la sociedad vulnera la eficacia del Estado en la persecución del delito. Todo lo contrario: la primera necesidad para fortalecer un sistema de seguridad pública en un régimen democrático es su apertura y la existencia de controles interinstitucionales.

Sostuvo que se debe profundizar en los criterios de clasificación de la información. El propósito es evitar reservas excesivas y erráticas que con frecuencia se llevan a cabo en la práctica. No se pueden guardar secretos eternos cuando se trata de información que documenta la actuación del Estado.

Ante la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, entre otros asistentes, la presidenta del IFAI dijo que el derecho de acceso a la información pública es indispensable para alcanzar la consolidación democrática en México.

Respecto de las garantías individuales a la privacidad, la identidad y la seguridad, planteó: “el acopio de datos personales por las entidades gubernamentales debe cuidar –especialmente al diseñar documentos de identidad– que en aras de satisfacer los derechos de seguridad e identidad no se violente el derecho de privacidad”.

Del acceso y protección de los expedientes médicos, dijo: Está claro que la ausencia de una regulación específica tiene como efecto negativo que el derecho de los pacientes sufra limitaciones, principalmente en instituciones privadas.

Planteó que es necesaria también una política de Estado permanente para la protección de los documentos gubernamentales, así como políticas específicas y recursos para la organización archivística.

En entrevista, Peschard precisó que las tentaciones provienen de la Procuraduría General de la República (PGR) y de gobiernos estatales. “A partir de los incumplimientos de la PGR, hemos hecho las denuncias y por ello han pretendido ir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que se revisen nuestros recursos.

Hay ya una resolución en primera instancia del Poder Judicial de la Federación que dice que eso no es posible, pero siguen las tentaciones. En Campeche, la legislatura reformó la ley de transparencia para crear un tribunal que someta a revisión las resoluciones del instituto respectivo.

Aparte, el directivo de HRW, José Miguel Vivanco, dijo en entrevista que en el ámbito de las averiguaciones penales el principio rector que debe prevalecer es que los ciudadanos tengan el máximo de información sobre temas de interés público.

El caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial –recientemente liberada luego de estar presa tres años por supuesto secuestro de policías federales, sin que hubiera pruebas– es el mejor ejemplo de la importancia de tener acceso a las averiguaciones para activar mecanismos que permitan corregir algún error judicial, dijo.

En los tres días de trabajos en la Semana de la Transparencia en las Américas asistieron más de mil participantes y representantes de 15 países de América y Europa, así como los relatores especiales para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, y para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Américanos, Catalina Botero.