En el Reporte Internacional sobre Libertad Religiosa 2009, elaborado por el gobierno de Estados Unidos, se dice que, aunque en México los gobiernos federal, estatales y municipales respetan la libertad religiosa, continúan la intolerancia y discriminación contra profesantes de religiones no mayoritarias, particularmente los evangélicos.

En el apartado referido a México el informe del Departamento de Estado precisa que la mayoría de los incidentes han ocurrido en Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo. Subraya que los funcionarios de gobierno no siempre fueron eficaces en la búsqueda de recursos legales para atender la demanda de justicia de los afectados y que las pesquisas para castigar estos hechos de intolerancia y discriminación se llevan de forma lenta.

Por primera vez este reporte incluyó información de organizaciones no gubernamentales y agrupaciones religiosas, como Voz de los Mártires, la Campaña Permanente en Favor de la Libertad Religiosa y la Red de Abogados Cristianos de América Latina en México. Las organizaciones enviaron a la embajada de Estados Unidos en el país reportes de discriminación, los cuales fueron considerados en el informe.

Óscar Moha, representante en México de Voz de los Mártires, señaló que el reporte confirma lo que han denunciado con insistencia: el aumento de los casos de intolerancia y discriminación religiosa este sexenio. En los primeros tres años de esta administración tenemos 96 casos documentados, mientras en la de Vicente Fox apenas hubo 42.

Apuntó que el informe ratifica que funcionarios de gobiernos de todos los niveles han sido ineficaces para resolver estos asuntos.

En el informe se citan los asesinatos del sacerdote católico Habacuc Hernández Benítez y dos seminaristas en Guerrero; la muerte en un tiroteo del sacerdote católico Gerardo Manuel Miranda Ávalos en Michocán, en septiembre de 2008, y en mayo de ese año el asesinato del clérigo Julio César Mendoza, en el Distrito Federal.

En general, refiere, la discriminación se da por líderes de comunidades que utilizan la filiación religiosa como pretexto en conflictos de tipo étnico, político o de disputa de tierras. Las familias evangélicas, precisa, son expulsadas de sus comunidades, sufren daño físico y sus iglesias son agredidas, pero también se les ha privado de servicios de agua y electricidad.

Detalla que muchos problemas comienzan porque líderes de comunidades exigen a los evangélicos pagar cuotas para fiestas religiosas católicas, a lo que ellos se oponen. Algunos líderes indígenas católicos consideran que los grupos evangélicos representan una influencia indeseable y una amenaza económica y política.