Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), anunció que este gremio continuará con movilizaciones pacíficas y legales dentro del plan de resistencia, cuya finalidad es recuperar la fuente de empleo de más de 40 mil empleados de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Se tomarán decisiones valientes, dijo ayer el líder sindical, en alusión a la misma expresión utilizada por el presidente Felipe Calderón cuando justificó su decisión de cerrar LFC. En tanto, el vocero del SME, Fernando Amezcua, llamó a la población a no pagar el recibo de la luz, como muestra de rechazo a lo que calificó como un golpe y decisión de Estado. ¿Quién garantiza el destino de esos pagos?, preguntó.

El plan de acción del SME incluye visitas a los domicilios de los legisladores, como medida de presión para que éstos apoyen la controversia constitucional con base en la cual se puede revertir el decreto presidencial del 11 de octubre que puso fin a LFC.

De manera paralela continuarán las manifestaciones frente a oficinas sede de medios de comunicación para exigir que se permita a los electricistas difundir sus argumentos en defensa de su fuente de empleo. Explicar, por ejemplo, que las transferencias de dinero público a LFC no son para los trabajadores sino para comprar energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad.

En conferencia de prensa, Esparza aseguró que concesionarios y conductores de estaciones de radio y televisión han hecho un daño moral incalculable a los integrantes del SME. En primer término no son ex trabajadores, como lo mencionan en sus noticiarios, sino trabajadores, en tanto no exista un veredicto en sentido contrario, que advierta el fin de las relaciones laborales con LFC.

En esta campaña de linchamiento, agregó, prácticamente se culpa a los trabajadores de LFC de ser los responsables de la crisis económica del país y no se menciona la intención de grupos del sector privado de apropiarse de la fibra óptica.

Tampoco hablan –agregó– del convenio firmado el año pasado entre el SME y LFC, el cual tiene 26 indicadores de productividad, avalados por la Secretaría de la Función Pública.

Los conductores no hacen referencia tampoco a los compromisos para mejorar el servicio, especialmente en el área comercial, y menos a los acuerdos de mejoras a la empresa avalados por el secretario del Trabajo, Javier Lozano.

El jueves, el conductor Joaquín López Dóriga decidió suspender su noticiario vespertino porque un grupo de electricistas realizaban a esa hora una manifestación afuera de las instalaciones de Grupo Radio Fórmula.

Al respecto, el dirigente del SME aseveró que acudirán diariamente a esa estación radiofónica y, dijo, lo vamos a culpar del daño moral que ha hecho a los trabajadores y a sus familias, al erigirse –al igual que otros conductores– como ministerio público y culparnos de la mala administración de LFC.

En otro tema, Esparza hizo un llamado a organizaciones políticas y sociales para que participen en la asamblea nacional de este sábado en donde se busca convocar a un paro nacional tentativamente para el 30 de octubre.

Ese día la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje celebrará una audiencia respecto a la demanda, interpuesta por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), liquidador de LFC, quien exige el fin de la relación laboral en ese organismo y, en consecuencia, el finiquito al contrato colectivo de trabajo. Al respecto rechazó las cifras difundidas por el gobierno acerca del número de trabajadores que ha cobrado su liquidación.

En la conferencia de prensa, Esparza estuvo acompañado por los investigadores universitarios Leticia Campos (UNAM) y Edur Velasco (UAM), quienes explicaron la importancia de que el sistema eléctrico mexicano permanezca como un sector de interés público y palanca de desarrollo nacional.

Comisión legislativa

El diputado del PRI, Alfonso Navarrete Prida presidirá el grupo de trabajo legislativo que analizará la viabilidad jurídica de la controversia constitucional en contra del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. La Junta de Coordinación Política aprobó la integración del nuevo órgano, el cual estará conformado por 16 diputados de las diferentes fracciones.

La creación del grupo de trabajo fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 15 de octubre. Deberá presentar al pleno, en un plazo no mayor a 12 días hábiles, el resultado de sus estudios, con los cuales se determinará si procede emprender alguna acción jurídica en contra del decreto presidencial.