El Seguro Popular es insuficiente para garantizar el acceso de la población a los servicios médicos, ya que carece de fármacos, atención quirúrgica e infraestructura, afirmaron diputados de PRD, PRI, Panal y PT durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, ante la Comisión de Salud de San Lázaro con motivo de la glosa del tercer Informe de Gobierno.

La perredista Laura Piña de plano aseguró que mienten al funcionario quienes le dicen que las personas reciben la atención médica cuando la requieren.

Respecto a la pandemia de influenza A/H1N1, Córdova insistió en que ahora se conoce mejor el virus y no será necesario volver a cerrar escuelas ni espacios públicos, como ocurrió en abril y mayo pasados. Hasta ahora –dijo– se han invertido 4 mil 200 millones de pesos en prevención y atención de la enfermedad.

Sobre el Seguro Popular, Laura Piña insistió: a usted lo engañan. No es cierto que el sistema funciona, y mencionó los casos de mujeres con cáncer cérvico uterino que no alcanzan ficha en los hospitales para la realización de estudios clínicos.

Incumplimiento de expectativas

Por el PRI, Alicia Elizabeth Zamora Villalva dijo que el Seguro Popular es un programa con grandes expectativas que no se cumplen, pues a pesar de ofrecer a los afiliados cerca de 270 servicios, el número de camas y personal médico es insuficiente. Desde el punto de vista técnico –señaló–, el esquema tiene bondades, pero en territorio, la realidad es muy diferente. Mencionó el caso de Morelos, donde los pacientes tienen acceso a la consulta, pero no a los medicamentos.

Más bien –apuntó–, el programa está en la lógica de romper los monopolios públicos de prestación de servicios, alentar la competencia y dinamizar la oferta de atención privada. Es decir, existe una tendencia hacia la privatización de la salud, por lo que, lejos de constituirse en el tercer pilar de la seguridad social, se trata de un programa que profundiza la fragmentación del sistema público, señaló.

A su vez, Pilar Torre (Nueva Alianza) resaltó que sólo 49 por ciento de las unidades médicas tienen acreditación para atender a los afiliados de ese esquema.

Córdova aseguró que con el Seguro Popular los estados han podido funcionar, se ha avanzado en la meta de evitar el gasto de bolsillo en la atención de enfermedades y que la participación de la iniciativa privada es mínima. Sin embargo, admitió que persisten rezagos. Todavía quedan huecos, pero se requiere aumentar los recursos destinados al sector, dijo en diversas ocasiones.

Señaló que para lograr el objetivo de tener un sistema único de salud se requieren 300 mil millones de pesos. También con el argumento de la falta de dinero, el titular de la Ssa respondió a los cuestionamientos sobre la alta prevalencia de cáncer de mama y cérvico uterino. La perredista Leticia Quezada replicó que el gobierno federal sacó de la nada 20 mil millones de pesos para liquidar Luz y Fuerza del Centro. Así que salga un presupuesto importante para prevenir el virus del papiloma humano (VPH), principal causa del tumor maligno de la matriz, dijo.

Córdova señaló que el gobierno federal ejecuta los programas, pero ustedes son los que deciden, y se refirió a la vacuna contra el VPH, la cual ya se aplicó a niñas de nueve a 13 años en los municipios más pobres del país. Esto fue posible por las legisladoras de la Comisión de Equidad y Género que etiquetaron presupuesto para ese fin, dijo.

El tema de las modificaciones legales que penalizan la interrupción del embarazo en 16 estados de la República fue planteado por diputadas del PRD y el petista Gerardo Fernández Noroña, quienes advirtieron sobre el previsible aumento de la mortalidad materna a consecuencia de los abortos clandestinos.

En esas entidades –dijo Leticia Quezada– los derechos de las mujeres son totalmente atropellados. También se refirieron a este asunto Teresa Incháustegui y Laura Piña, pero Córdova sólo tuvo un comentario para Quezada, en el cual se limitó a señalar que está vigente la norma oficial mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, donde se establece el mecanismo para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo cuando es resultado de una violación.

Respecto a la influenza, informó a los diputados que se han confirmado 40 mil 800 casos, de los que 257 personas fallecieron. Ahora se conoce mejor el virus A/H1N1, por lo que no será necesario volver a cerrar escuelas ni espacios públicos, como ocurrió en abril y mayo pasados, dijo, y negó que se haya exagerado la respuesta en aquel momento, como planteó Fernández Noroña.

Asimismo, aclaró que el gobierno federal no concretó el préstamo ofrecido por el Banco Mundial, mientras que los donativos de otros países fueron, principalmente, insumos (cubrebocas, gel antibacterial, batas) y material de curación.