La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará el futuro jurídico del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid.

En un caso, el máximo tribunal determinó atraer un amparo en revisión –sobre cuestiones de inconstitucionalidad del tratado de extradición entre México y Estados Unidos– solicitado por el ex funcionario, con el que busca frenar su envío al país vecino.

En otro juicio de amparo en revisión, los ministros también determinarán si fue legal la confirmación de una sentencia que se dictó contra Villanueva Madrid por ilícitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Villanueva –actualmente en el Reclusorio Norte del Distrito Federal– enfrenta acusaciones en Estados Unidos y México por presuntamente proteger las operaciones del cártel de Juárez durante su gestión como gobernador.

Tanto su extradición a Estados Unidos como su condena de más de 32 años de cárcel fueron puestas en manos de los ministros del máximo tribunal del país para que determinen su procedencia, informaron fuentes judiciales.

Por un lado, el segundo tribunal unitario con sede en el estado de México redujo de 36 años de prisión a 32 años con 3 meses la condena impuesta al ex funcionario por delitos contra la salud cometidos en México.

Dicha resolución fue dictada en cumplimiento a un fallo del tercer tribunal colegiado penal de Toluca, que ordenó al segundo tribunal unitario emitir una nueva sentencia, que estuviera basada en dos consideraciones: la comprobación de los delitos y la responsabilidad correspondiente.

Ahora la última palabra sobre esta condena la tendrá la Corte, pues Villanueva presentó una inconformidad contra un acuerdo del tribunal colegiado en el que da por cumplida la instrucción girada a la magistrada Díaz.

Sobre el tema de la extradición, el sexto tribunal colegiado en el Distrito Federal remitió el expediente a la SCJN, porque el acusado alega que la ley de extradición es contraria a la Constitución, y el máximo tribunal es el único que puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma.

El argumento de Villanueva es que alguien sujeto a un proceso de esa naturaleza no tiene un verdadero derecho de audiencia, porque el procedimiento ante el juez de distrito actualmente no admite recurso alguno que sea favorable para el indiciado.