La designación del próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe ser resultado de un proceso claro, equitativo, abierto a los ciudadanos, transparente, participativo y democrático, subrayaron organizaciones sociales, instituciones académicas y personas que trabajan en la defensa de esas garantías.

En un pronunciamiento conjunto, un día después de que comisiones unidas en el Senado aprobaron el proyecto de convocatoria para elegir al sucesor de José Luis Soberanes Fernández, los activistas demandaron a los legisladores apegarse a los Principios de París –promovidos por la ONU– según los cuales la composición y elección de los miembros de las instituciones nacionales de derechos humanos deben ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías para asegurar la representación plural de las fuerzas sociales.

La declaración fue firmada por el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López; el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo; Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

También 110 organizaciones e instituciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional México, Article 19; los centros Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Bartolomé de las Casas; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo, la Red Todos los Derechos para Todos, Servicios y Asesoría para la Paz, entre otras.

Consideraron que frente al actual contexto de creciente deterioro de los derechos humanos y las políticas públicas que han restado importancia a su vigencia, será primordial el papel que pueda desempeñar la CNDH.

La actuación de ese organismo puede ser determinante para mantener los equilibrios democráticos y las premisas fundamentales del estado de derecho. Lograrlo requiere una fuerte legitimidad democrática, que en principio está directamente condicionada al proceso de nombramiento del próximo titular.

Indicaron que –a diferencia de procesos pasados– el actual será conducido por tres comisiones del Senado: Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, pero es de aplaudirse que la concreción del dictamen final sea responsabilidad exclusiva de la primera.

Refirieron que desde 2007 no hay relevos como marca la ley entre los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH –formado por 10 personas, donde cada año el Senado debe remover a dos–, por lo que en octubre de este año se realizarán seis nombramientos para ese órgano.

Por ello, pidieron que el próximo proceso de sucesión en la CNDH sea abierto, incluyente, equitativo, transparente.

Así se abonará a la legitimidad de origen de la CNDH como máximo organismo responsable de la protección y defensa de esas garantías.