El presidente Felipe Calderón Hinojosa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, cumplieron de última hora con sendas sentencias de amparo y evitaron que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los separara de sus respectivos cargos y los consignara penalmente.

En el caso que involucró a Calderón, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes –quien corría el riesgo de ser sancionado de la misma forma–, notificó a la SCJN el pasado 31 de agosto sobre el cumplimiento de la sentencia judicial respectiva, que data de 2007.

Ese año la décima sala regional del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa ordenó al ISSSTE que emitiera una nueva resolución en el caso de Mauricio Fernández Garcilazo, quien impugnó la pensión que le había asignado el instituto.

Después un juzgado de distrito y un tribunal colegiado confirmaron la sentencia, a efecto de que la pensión del quejoso tomara en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado el último año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador.

Ante la negativa del instituto de cumplir la sentencia, un tribunal colegiado ordenó infructuosamente al director del ISSSTE acatar la decisión. Al no hacerlo, el juez requirió directamente a Calderón para que, en su calidad de superior jerárquico, ordenara a Yunes acatar el fallo.

Pasó el tiempo y sólo en agosto pasado, un funcionario del ISSSTE acudió a la Corte a informar que se había cumplido con el amparo, por lo que el asunto fue devuelto al tribunal de la causa para que éste verifique que la sentencia se ejecutó en su totalidad.

En el DF, tres casos

A su vez, Ebrard estuvo involucrado en tres amparos. En el primero, apenas el miércoles su administración informó a la SCJN sobre la devolución de un millón 526 mil 564 pesos a la empresa Bursán, por concepto de impuestos cobrados de forma ilegal.

También ese día dio aviso del rembolso de 175 mil 577 pesos a la compañía NCR, por cobro indebido del impuesto predial. Ambos asuntos datan de 2006.

El otro caso tenía que ver con el titular de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón, y con el propio Ebrard, quienes no habían acatado una decisión judicial de reinstalar a un efectivo.

El último incidente, que también quedó sin materia, tenía que ver con un asunto por el que estuvo en riesgo la permanencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Morelos.

Pese a que el número de sentencias no cumplidas sigue en aumento y que la intervención del máximo tribunal no garantiza que las sentencias de amparo se ejecuten en tiempo y forma, los ministros cuestionaron la decisión de los jueces de solicitar la separación del cargo del Presidente y del jefe del GDF.

El ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reprochó a los jueces que, al solicitar la intervención de la Corte –que es la facultada para separar de su cargo y consignar penalmente al funcionario que incumpla una sentencia de amparo–, no pongan cuidado en la cadena de mando, pues resulta que a veces se involucra al infinito, hasta llegar al titular de un poder, generalmente el Ejecutivo. Juan N. Silva Meza se sumó al llamado de atención.

Los ministros convinieron en que, en su momento, la Corte debe determinar quién es un superior jerárquico, cuál es el orden jerárquico y qué se entiende por actitud contumaz, para que se castigue directamente al funcionario responsable de no acatar una sentencia de amparo, y no necesariamente al titular de un poder, quien a veces no conoce de primera mano los hechos.