En 35 minutos, un comando de Los Zetas sacó del penal de Cieneguillas, Zacatecas, a 53 presos por narcotráfico, homicidio, secuestro, extorsión, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa, en una operación que comenzó a las 4:45 de la madrugada.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó anoche que atrajo las investigaciones de la fuga y que el Ministerio Público de la Federación dio inicio a la averiguación previa número AP/PGR/ZAC/255/II/CS/2009, instruida contra quien resulte responsable por los delitos de evasión de presos, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, robo, asociación delictuosa y lo que resulte.

¿Complicidad?

El centro regional de readaptación social de Cieneguillas, construido hace 20 años, se localiza a cinco kilómetros de la capital zacatecana, en las inmediaciones de la carretera que va a Jerez.

La prisión se comunica con la carretera federal a través de una avenida de dos kilómetros de extensión, que termina en la comunidad Francisco I. Madero.

Alrededor de la cárcel sólo hay sembradíos, que supuestamente sirven de muralla natural para evitar evasiones. El inmueble cuenta con cinco torres de vigilancia, cuatro perimetrales y una al centro, en dirección a la carretera federal. Cuarenta custodios por turno vigilan el exterior y el interior del sitio.

Este sábado ni los sembradíos ni los vigilantes sirvieron para evitar la evasión. Un comando armado, calculado en 80 personas, llegó a bordo de 17 camionetas con logotipos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.

Desde septiembre del año pasado, la prisión de Cieneguillas, igual que las de Topo Chico, en Monterrey, y La Mesa, en Tijuana, vivieron amenazas de motines debido a que los presos que formaban parte del grupo de Los Zetas comenzaron a controlar a los demás internos.

Una muestra del poder de esa organización criminal sobre los presos en Zacatecas se notó en noviembre de 2008, cuando 150 internos relacionados con el grupo sacaron de sus celdas a los 19 reos conocidos como coordinadores de población, los golpearon y amenazaron con ejecutarlos si no obligaban a todos los reclusos a pagar cuotas por seguridad. Una vez controlados, Los Zetas fueron separados y confinados a dos zonas.

Lo sucedido la madrugada de este sábado en el penal de Cieneguillas, de acuerdo con versiones obtenidas de funcionarios federales que tuvieron acceso a los videos tomados por cámaras de ese reclusorio, es que la acción se inició a las 4:45 horas; el helicóptero sobrevoló mientras las 17 camionetas arribaron a las inmediaciones del reclusorio.

En los vehículos viajaban unos 80 sujetos armados con granadas de fragmentación y de humo, gases lacrimógenos, ametralladoras, rifles de asalto AK-47 y AR-15.

Un pequeño grupo de supuestos agentes federales descendió de las camionetas y llegó hasta la puerta de la aduana (acceso para los presos y empleados). Dijeron a los custodios y las autoridades de la prisión de Cieneguillas que era un operativo de inspección de la AFI. Éstos lo creyeron.

La mayoría de los hombres armados vestidos como agentes federales permanecieron dentro de las camionetas, mientras sus compañeros lograban el acceso a la prisión.

Cuando los custodios del penal de Cieneguillas abrieron la aduana, ingresaron ocho unidades, de las cuales descendieron unos 50 individuos.

El resto del comando se distribuyó en el exterior del reclusorio, mientras desde el helicóptero otro grupo seguía vigilando.

Una vez dentro, los supuestos agentes federales tomaron inicialmente como rehenes a cinco custodios, luego de desarmarlos. Siguieron con los otros 35 y el director de la prisión, Eduardo Romero Garza.

Les ordenaron abrir las rejas de las celdas que les señalarían. Si no lo hacían, amenazaron, volarían la cárcel con granadas.

Los Zetas recorrieron las zonas que les importaban y comenzaron a sacar presos, 38 del fuero federal y 15 del fuero común. Los formaron, los subieron a las camionetas y salieron por la misma puerta por la que entraron, sin que nadie hiciera siquiera un intento por detenerlos.

Mientras, el otro grupo de sicarios resguardaba el perímetro del penal en el que se encuentran 800 presos, más de 70 por ciento de ellos están sujetos a procesos penales o ya sentenciados por jueces federales.

De los 53 internos evadidos, según las fuentes consultadas, seis habrían sido reaprehendidos, pues Los Zetas los abandonaron en distintos puntos de Zacatecas como señuelos, mientras los otros lograban huir.

Todas las corporaciones federales y locales se declararon en código rojo, y se informó que se ha alertado a las autoridades de Jalisco, Durango, Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes, ya que los evadidos podrían buscar refugio en esos estados, pero nadie ha logrado ubicar el helicóptero ni las camionetas; tampoco al resto de los fugados.

Luego de la evasión se realizó una reunión de emergencia en la 11 Zona Militar. Terminado el encuentro, en compañía del comandante Alejandro Saavedra, así como de María Teresa Chávez, delegada de la PGR, y de José Hernández Tiburcio, comisario de la PFP, la gobernadora Amalia García afirmó que Los Zetas corrompieron a los 40 custodios, dos comandantes y al director de la prisión para sacar sin un solo disparo a 53 internos.

“Para nosotros queda claro que fue un operativo perfectamente planeado, y que contó con la compra de voluntades.”

Por esa razón, los 43 responsables directos de la custodia del penal en el momento de la evasión se encuentran detenidos, garantizando que no tengan comunicación ni entre ellos ni con el exterior, a fin de conocer los detalles de la fuga, y su probable participación en estos hechos.

Insistió: existen indicios de que los custodios y las autoridades del penal hubieran actuado en complicidad con el grupo delictivo. Por ello mi decisión es que se investigue a fondo a todo aquel que deba ser investigado.

Tras lo sucedido, el ex gobernador de Zacatecas y actual coordinador de los senadores del Partido del Trabajo Ricardo Monreal calificó la fuga de hecho grave y sin precedente en la entidad, y demandó que de manera temporal un alto mando del Ejército se haga cargo de la seguridad pública de la entidad.

Señaló que el actual secretario de seguridad, Alejandro Rojas Chalico, debe renunciar y se tiene que hacer una investigación a fondo, para saber qué sucedió y deslindar responsabilidades, pues, presumió, hubo complicidades tanto en el penal como en altos niveles del gobierno.

Recordó que hace una semana hizo señalamientos fuertes sobre la seguridad en Zacatecas, que se estaban descuidando labores importantes, como ésta, porque los funcionarios andan en campaña con la obsesión de querer ganar todo.

En respuesta, Amalia García cuestionó que Monreal emitiera una opinión sobre este hecho, y declaró: lamento que algunos actores políticos pretendan politizar este grave acontecimiento, con el fin de obtener algún beneficio particular, enrareciendo el clima social.