Diputados de PRD, PRI y PT aceptaron la aplicación del decreto de emergencia suscrito por Felipe Calderón, en tanto se trata de aplicar medidas de prevención sanitaria, pero acotaron que estarán alertas para evitar que, con el pretexto de su entrada en vigor, se cometa violación a los derechos humanos. También, el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas consideró que dicho decreto no vulnera la Constitución.

El sol azteca insistió en que solicitará la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, para que explique por qué no actuó a tiempo para frenar las muertes por influenza, y consideró innecesario el crédito ofrecido por el Banco Mundial de 250 millones de dólares para atender la emergencia, porque el gobierno de Calderón, resaltó, cuenta con suficientes recursos en el Presupuesto de Egresos 2009.

Diversas partidas presupuestales aprobadas

El vocero de la fracción perredista, Camerino Márquez, recordó que entre otras partidas presupuestales aprobadas por la Cámara de Diputados para este año resaltan 273 millones 473 mil pesos para el Instituto de Enfermedades Respiratorias y 233 millones de pesos para avanzar en la construcción del nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.

También, dijo, hay una partida de mil un millones 860 mil 545 pesos para la reducción de enfermedades prevenibles por vacunación y otros 836 millones para vigilancia epidemiológica.

Mientras, Carrancá aseguró que Calderón cuenta con facultades para tomar las medidas del decreto, que otorga facultades a la Ssa para aislar a personas que puedan portar el virus de influenza porcina, limitar sus actividades, ingresar en sus domicilios y locales a fin de poner en práctica disposiciones de control y combate de la enfermedad, revisar a pasajeros y hasta clausurar lugares de concentración masiva, entre otras.

El especialista universitario indicó que esa decisión no es inconstitucional, ya que la Carta Magna faculta al Ejecutivo a emitir iniciativas de ley y decretos. No hay violación, porque el artículo 71 de la Constitución faculta al Presidente de la República, a legisladores federales y locales a iniciar leyes o decretos. Sólo las iniciativas de leyes, las que presenta el Ejecutivo o las legislaturas, deben pasar a comisiones y ahí aprobarse, pero no los decretos, éstos están exentos de ese proceso.

Aun así, resaltó, el gobierno está obligado a proporcionar información fidedigna a la sociedad en torno a esta epidemia, y no por el afán de evitar el pánico se oculten las cifras y verdadero estado del desarrollo del problema. Asimismo, exigió que al ser un año electoral, el gobierno federal no debe intentar aprovecharse de esta problemática de salud. Como sociedad debemos pedir, porque es nuestro derecho, que el gobierno sea muy objetivo y muy responsable de su alta función, afirmó.

Por su parte, el diputado Samuel Aguilar Solís, del PRI, definió que el decreto es limitativo y, por tanto, el gobierno federal no puede cometer abusos en su aplicación, y ponderó que la administración calderonista está obligada a definir, con exactitud, el tiempo en que estará vigente. Se entiende que la obligación del gobierno es mantenerlo sólo hasta que pase la emergencia, pero ello debe quedar explícito, expuso.

El diputado del Partido del Trabajo Silvano Garay alertó que las atribuciones para entrar en domicilios particulares y revisar personas en sitios públicos corresponde sólo a la Ssa, por lo que deben mantenerse al margen fuerzas policiacas o el Ejército. Estamos ante una excepción y, por tanto, son entendibles estas medidas, pero ello no puede generar un estado de excepción, definió.