n las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre asuntos migratorios, era una tradición echarle la culpa al vecino. Y, obviamente, dada la relación de asimetría de poder que existe entre ambos países, México llevaba las de perder. Mejor dicho, eran los mexicanos migrantes los que llevaban la peor parte, porque eran perseguidos, explotados y deportados de manera sistemática.

Hace tiempo se puso de moda plantear la relación bilateral en términos de responsabilidad compartida. El concepto fue utilizado hace unos años por Jorge Castañeda, cuando se proponía hacer de la reforma migratoria una enchilada completa. Se partía del supuesto de que México proponía una reforma integral, pero al mismo tiempo tenía que poner algo de su parte. En realidad nunca se supo qué se podía ofrecer. Como sea, las nuevas coordenadas de la relación resultaban novedosas y sonaban bien, además permitían plantear los asuntos bilaterales en un contexto de igualdad, de países soberanos que se sientan a la mesa de las negociaciones en condiciones semejantes.

El planteamiento de la responsabilidad compartida es un paso adelante, con respecto al “me vale…” de la otra posición. Por muchos años México aplicó, en términos migratorios, la llamada política de la no política, es decir, dejar que las cosas fluyan, tomen su curso y luego ver qué pasa. Al fin y al cabo, el asunto de los indocumentados era un problema del vecino.

No sólo México aplicaba esa política, también la puso en práctica Estados Unidos después del Programa Bracero. En 1968, Estados Unidos aplicó el sistema de cuotas y a México le tocaron 20 mil visas, como a todos los otros países del orbe. La diferencia radicaba en que México, durante dos décadas, recibió entre 200 y 400 mil visas para braceros. Obviamente la cuota de 20 mil no resolvía nada y, en la práctica, había que dejar pasar a medio millón de indocumentados, para poder levantar las cosechas. Esta postura, la de no hacer nada efectivo para resolver el problema de contar con la mano de obra que se requiere de manera legal y ordenada, es semejante a la postura mexicana de no hacer ni proponer nada al respecto.

La otra solución es la de actuar unilateralmente. Fue la propuesta que llevó a cabo el gobierno del presidente Reagan en 1986 al lanzar la alarma roja cuando afirmó que Estados Unidos había perdido el control de sus fronteras. En realidad nada se había perdido, porque la frontera con México y con Canadá no tenía ningún tipo de control, más allá del simbólico: una malla ciclónica, en algunas partes, unos cuantos patrulleros y nada más.

Entre la política de la no política, la acción unilateral y la responsabilidad compartida, ciertamente hay un avance considerable. Se supone que algo podemos negociar con la tercera opción, mientras en las otras dos llevamos las de perder. El problema radica en que toda negociación, implica concesiones de ambas partes.

En términos migratorios la política de la responsabilidad compartida, tan cacareada por los académicos y políticos mexicanos, es un callejón sin salida. Porque nunca se ha definido cuál sería nuestra parte de responsabilidad. Por el contrario, nuestros vecinos tienen el panorama muy claro: lo que les interesa es exigirle a México que controle a su población y no permita el flujo de salida de mexicanos indocumentados. Pero esa propuesta choca de manera directa con la Constitución, que de manera clara y precisa se pronuncia por el libre tránsito. Y cualquier tipo de control atentaría contra los derechos básicos de los mexicanos. Ese no es un problema para los estadunidenses, ya que ellos sí ponen controles muy claros a sus nacionales y no les permiten viajar a determinados países. Hasta hace una semana Cuba era un ejemplo.

La posibilidad de controlar la salida de los mexicanos, implica, en cualquiera de los casos la militarización de la frontera. En 1954 se hizo el intento de impedir la salida de braceros que eran contratados unilateralmente en Estados Unidos, como medida para forzar a Washington a sentarse a renegociar el Programa Bracero. Se utilizó al Ejército mexicano para controlar la frontera y la medida fue un rotundo fracaso, además de tener un costo político considerable.

No obstante, en algunas sesiones de trabajo y en los pasillos de San Lázaro se habla de la posibilidad y la pertinencia de controlar la frontera. Una de las salidas propuestas es la de declarar la zona fronteriza del desierto de Sonora (Altar) como parque nacional y de ese modo controlar el ingreso. Otra medida sugiere legislar de manera precisa que la salida del territorio nacional sólo puede realizarse por las garitas establecidas y de este modo justificar el control fronterizo desde nuestro lado. Cualquier medida, desde la más extrema, hasta la más taimada, tendría un costo político considerable y una dudosa efectividad. Si nuestro vecino, con todos los recursos de los que dispone, no puedo controlar el ingreso, menos vamos a poder controlar nosotros la salida.

Otro posible tema que se puede poner en la mesa de negociación es el de la migración de tránsito. Pero esa labor, por no decir trabajo sucio, ya la realiza el gobierno mexicano, y lo está haciendo de mala manera. En este campo México enfrenta serios problemas de corrupción y derechos humanos. El asunto, incluso, va más allá, porque México pone restricciones a la migración legal de acuerdo con los particulares intereses de nuestro vecino. México es el país de América Latina que pone más restricciones para el ingreso legal de nuestros vecinos latinoamericanos.

Ahora, la frase mágica de la responsabilidad compartida ha pasado a ser el argumento ideal para discutir el tema del narcotráfico. Pero qué vamos a negociar, si desde hace dos años el gobierno ha emprendido una guerra sin cuartel contra los cárteles de la droga, sin haber concertado nada efectivo con la contraparte. Hemos asumido nuestra responsabilidad, en el peor momento, cuando ya estaba de salida el gobierno de George W. Bush y no se definían ni siquiera los candidatos. Si es un asunto de responsabilidad compartida hay que buscar el momento propicio para negociar y exigir. Por lo pronto, para nosotros, el costo ha sido enorme: más de 10 mil mexicanos torturados, mutilados, masacrados, muertos , entambados, pozoleados o descabezados. Eran narcos, traficantes y asesinos, pero también eran mexicanos que merecían un futuro mejor.