La Paz, 25 de abril. No vamos a permitir ningún movimiento separatista ni ningún golpe de Estado, afirmó el opositor prefecto del departamento boliviano de Santa Cruz, Rubén Costas, quien añadió que sería una estupidez un golpe de Estado en el siglo XXI.

El gobernante departamental reaccionó así al emplazamiento que el pasado miércoles hizo el vicepresidente Álvaro García Linera a la oposición de derecha, pero con dedicatoria a Costas –el principal abanderado de las autonomías regionales– para que rechazara claramente cualquier intento de disgregar el país.

García Linera abordó el tema tras conocerse una entrevista difundida el martes en Hungría con Eduardo Rozsa Flores, presunto terrorista boliviano-croata-húngaro abatido el 16 de abril en un enfrentamiento con la policía durante una operación antiterrorista realizada en la capital cruceña.

En tal entrevista, que se mantuvo en secreto desde septiembre pasado, cuando se realizó, el supuesto líder mercenario declaró que fue invitado a esa región a crear una milicia que buscaría defender a Santa Cruz, y que de no concedérsele la autonomía se declararía la independencia de facto del departamento.

Junto con Rozsa fueron abatidos durante el operativo policial el rumano Maygarosi Ariad y el irlandés Dwyer Michael Martin. Además, fueron detenidos Mario Fardig Astorga, un militar boliviano retirado de 60 años formado en centros castrenses croatas, y el húngaro Elot Toazó.

Asimismo, Costas reaccionó señalando que el ejército no va a militarizar Santa Cruz, al referirse al envío de tropas que se inició la noche del jueves en la región para reforzar la vigilancia en la frontera con Brasil, después de la localización de seis cadáveres en una fosa común en el poblado cruceño de San Matías.

El presidente Evo Morales anunció la decisión de enviar tropas para hacer frente al terrorismo y a la creciente actividad del narcotráfico. Si fuera una estrategia de amedrentamiento, no tiene ningún resultado. Yo estoy seguro que nuestro ejército no está para servir a las motivaciones o las inclinaciones que puedan tener algunas personas del gobierno nacional, agregó el prefecto.

A no ser, agregó, que haya comandantes, sabemos que están muy bien pagados, que puedan realmente ser serviles y obsecuentes a directrices políticas partidarias.

En paralelo, el gobierno boliviano anunció que iniciará acciones legales contra el periodista húngaro Andras Kepes por encubrimiento en torno a la entrevista que le hizo a Rozsa Flores, implicado en acciones armadas contra el Estado boliviano, nota que ocultó durante siete meses.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, declaró que el gobierno considera que el comunicador incurrió en encubrimiento de una situación que atenta (contra) la seguridad del país, por tanto Bolivia va tomar todas las acciones legales que correspondan para garantizar que este hecho no quede en la impunidad.

Kepes entrevistó a Rozsa el 8 de septiembre de 2008, con el compromiso de dar a conocer la nota sólo si algo le ocurría a éste.

Llorenti aseguró que el periodista húngaro debió informar a las autoridades de su país sobre los planes de Rozsa, y el gobierno de Hungría, a su vez, alertar a Bolivia porque se afectaba la seguridad y la unidad de otro Estado.

Citó que en las normas de derecho internacional se indica que quienes colaboren o encubran actos de terrorismo deben ser procesados y sancionados, además de que existe la obligación de todos los estados a contribuir con este tipo de investigaciones y obviamente con la sanción de los responsables de estos hechos.