Las crisis política y económica le han pegado al presupuesto social. La “guerra” contra el narcotráfico y la recesión influyen en el giro que el gobierno federal parece darle a sus estrategias. Dos de los rubros afectados son las políticas de prevención del VIH/sida y las partidas destinadas a políticas de equidad de género. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (PPEF 2009), entregado el 8 de septiembre pasado, reduce en forma importante los recursos a estas dos áreas que durante más de un sexenio habían sorteado, prácticamente a la par, los diversos obstáculos para su desarrollo.
El primer rubro, con alrededor de 38 por ciento menos recursos, el segundo, 17 por ciento menos. Ambos presupuestos siguen presentando serios problemas de opacidad, que impiden identificar los criterios con los que se asignan los recursos y etiquetar claramente el dinero que se busca destinar a uno u otro fin. Para complicar el escenario, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha prohibido a todas las dependencias federales la negociación directa con la Cámara de Diputados, lo que en años anteriores había ayudado a subsanar los errores y reacomodar los recursos.
Sida: 78 millones menos para prevención
Para 2008, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) contó con más de 198 millones de pesos. En el PPEF 2009 tiene asignados sólo 120 millones. Si se considera que el año pasado se otorgaron 35 millones adicionales para la realización de la XVII Conferencia Internacional de Sida en México, se observa una disminución significativa en sus recursos.
Las necesidades de la estrategia nacional contra la epidemia son mayores a esos recursos. “No son suficientes”, reconoció Jorge Saavedra, director del Censida, en entrevista con Letra S.
La prevención es, sobre todo, el rubro amenazado, pues los medicamentos para las personas que viven con VIH salen de otra bolsa, la del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, a la que se prevé dar 41 mil millones. En 2008, los fondos destinados a la compra de fármacos anti-sida ascendieron a mil 586 millones de pesos. Para 2009, explicó Saavedra, se contará con mil 600 millones.
Pese al incremento mínimo, será posible cubrir a cerca de 30 mil pacientes (cuatro mil más que en 2008) gracias a las negociaciones interinstitucionales con las farmacéuticas para reducir los costos de los medicamentos en alrededor de 150 millones de pesos anuales. Las negociaciones se realizaron en pesos, lo que garantiza que las fluctuaciones en la cotización del dólar no impactarán más los precios.
No sucede así con los hospitales e institutos nacionales de salud que también reciben presupuesto especial para atender el VIH/sida. Las reducciones parecen ser mínimas en el PPEF 2009 respecto a lo que se les otorgó para 2008, pero podría afectarles negativamente debido a que muchos de los insumos que requieren para funcionar son comprados en dólares, observa Gabriel Lara, coordinador del área de Fortalecimiento y Capacidades Ciudadanas de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Ninguno de estos centros podrá acudir a la Cámara de Diputados para solicitar recuros mayores, por la prohibición de la Segob. “Esto no quiere decir que no podamos dar información técnica cuando nos lo pidan, y por supuesto que estamos en la mejor disposición de hacerlo, pero de acuerdo a la información que tenemos, la única instancia de gobierno federal que puede tratar los temas de presupuesto con la Cámara de Diputados es la Secretaría de Gobernación”, comentó Jorge Saavedra.
Para la diputada Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la prohibición emitida por la Segob es “un absurdo porque complica la posibilidad de diálogo” entre las dependencias y la Cámara. “Las y los diputados necesitamos información para decidir y asignar los recursos”, y de esta manera se restringe la comunicación, lamentó en entrevista con Letra S.
Los proyectos de prevención que financia el Censida en cooperación con las organizaciones civiles desde hace dos años podrían resentir la disminución de recursos. En caso de concretarse el recorte, será necesario dejar de hacer estudios y encuestas epidemiológicas, así como dejar de cubrir a la totalidad de mujeres embarazadas con pruebas rápidas de detección del VIH, informó Saavedra.
En este punto, el apoyo que desde hace varios años ha brindado la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados al presupuesto para VIH/sida podría manifestarse de nuevo. La propuesta es etiquetar 20 millones de pesos para programas de prevención y atención de la epidemia especialmente destinados a mujeres.
Opacidad en el gasto para mujeres
El crecimiento exponencial de la epidemia del VIH/sida en mujeres ya debería haberse tomado en cuenta para asignar recursos específicos a esa población, consideró Maricela Contreras.
Al recordar que esta instancia ha sido una aliada histórica del Censida en el momento de pugnar por más presupuesto, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática percibe que “no hay una retribución” a su esfuerzo en la materia.
El presupuesto para mujeres también se verá mermado en casi 17 por ciento, según el PPEF 2009. Mientras para 2008 se destinaron 7 mil 281 millones de pesos distribuidos en diversos rubros y dependencias, para el próximo año se proponen 6 mil 54 millones. Por ello, la Comisión de Equidad y Género acaba de aprobar una propuesta de ampliación, con lo que se alcanzarían 9 mil 597 millones de pesos destinados a la atención de las mujeres, incluyendo cerca de dos mil millones de pesos etiquetados, es decir, con candados para que sólo se usen en cuestiones de equidad de género.
Lo ideal sería que todas las dependencias enviaran sus presupuestos reflejando la perspectiva de género, desagregados, pero por el momento es necesario recurrir a las etiquetas, precisó Contreras, quien consideró que los focos rojos en los que hace falta poner más presupuesto son los rubros de salud, educación y el ámbito agrario.
Una tarea pendiente que las legisladoras buscan fortalecer en el presupuesto del año próximo es la operación de los instrumentos con los que cuentan las leyes de Igualdad entre Hombres y Mujeres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues en 2008 hubo recursos que no se ejercieron. Es el caso de 15 millones de pesos para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género que, no obstante, no cuenta con fondos en el PPEF 2009.
Con todo, Maricela Contreras observa que en la Secretaría de Hacienda hay disposición al diálogo, lo que ayudaría a lograr un mejor presupuesto dedicado a las mujeres. Esto, dijo, tiene que ver con que la comisión ha seguido “una estrategia de inclusión”.
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