Feminicidio e impunidad:
una vergüenza para las democracias modernas

En el marco del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, denunciamos como cada año, las atrocidades provocadas por la violencia sistemática de que son objeto miles de mujeres, debido a una cultura misógina que cancela cotidianamente su derecho a la libertad y a la seguridad exponiendo sus vidas al peligro, son señales evidentes de la impunidad rampante y de la falta de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en nuestro país.

A pesar de que el Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales en defensa de los derechos humanos de las mujeres —entre el 2000 y 2006 se han emitido mas de 140 recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres— el incremento de asesinatos de mujeres y la impunidad asociada a ellos en los tres últimos años, pone en evidencia la inoperancia y permisibilidad de las autoridades mexicanas ante este problema.

Especialmente preocupante es el tema del acceso a la justicia de las mujeres, caracterizado por la discriminación, la ineficiencia de las autoridades en los procesos de investigación y la impunidad. Existe una falta de armonización entre los instrumentos internacionales ratificados por México con la legislación a nivel local en la materia. A pesar de que se emitió la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que ha sido emitida en 24 estados, sólo tres cuentan con el reglamento respectivo. Asimismo, preocupa que no se haya homologado a nivel nacional la utilización de los conceptos básicos que plantea la Ley, como es el caso de hostigamiento y acoso sexual.

La justicia para las mujeres en México sigue siendo una cuenta pendiente. Esto se ve reflejado en los informes recientemente presentados por algunas Organizaciones de la Sociedad Civil¹ y Amnistía Internacional², en donde se demuestra que existe una percepción generalizada de que las denuncias de violencia contra las mujeres no prosperan, por la ineficacia de las autoridades al considerar que se trata de asuntos familiares, al suponer que las mujeres que denuncian posteriormente retirarán la denuncia, o simplemente por que las autoridades, en particular la policía y el ministerio público, consideran que la violencia no es suficientemente grave para merecer atención.

El Comité de la CEDAW encomendó a México en 2006, acelerar la adopción de la reforma al Código Penal para definir el delito específico de feminicidio. La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, consideró necesario ampliar la competencia de la Fiscalía Especial para homicidios de mujeres a los demás delitos de género que se produzcan en el Estado. Aún cuando existen estas recomendaciones que el gobierno mexicano ha intentado responder y se atribuyó competencia a la Fiscalía, ésta carece de la facultad de atracción pues el delito de feminicidio no ha sido tipificado en materia federal, quedando de esta forma invisibilizado. Lamentablemente, el Estado mexicano no ha tomado las medidas necesarias para prevenir y sancionar los homicidios de mujeres.

De acuerdo con un monitoreo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio realizado entre junio de 2006 y junio de 2007, se reportaron un total de 1,088 asesinatos de mujeres en 15 estados de la República. Existen estados donde la tasa de asesinatos de mujeres es más alta: según datos oficiales³ en el estado de México en el 2007 se iniciaron 140 averiguaciones previas por homicidios de mujeres; en el estado de Jalisco se registraron 83 homicidios en los años 2007-2008; en el estado de Guanajuato se registraron 32 en el 2007.

Llama la atención que a pesar del incremento de asesinatos de mujeres, el Estado mexicano muestre tal falta de interés en la tipificación del feminicidio: no se han presentado acciones que conlleven al cumplimiento de la recomendación mencionada, aún cuando las estadísticas confirman que los homicidios de mujeres son llevados a cabo de manera sistemática y en algunos lugares de la República de forma generalizada.

Queda la preocupación del gran retroceso en materia de Derechos Humanos de las mujeres; a partir del año 2007 se implementó una política pública de seguridad por parte del Estado que viola el artículo 129 Constitucional, pues se asignó al ejército nacional funciones de seguridad pública, lo que ha provocando una agudización de la crisis de Derechos Humanos que vive México. La elevada presencia de la militarización, criminaliza a la ciudadanía y ha potenciado la reproducción de la violencia contra las mujeres; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ha documentado 50 violaciones sexuales por parte de militares acompañados de la impunidad que reproduce la violencia institucional, permaneciendo la mayoría de los casos sin castigo.

Por estas razones, este 25 de noviembre, exhortamos una vez más a los gobiernos federal y estatal, a tomar medidas contundentes para generar todas las condiciones necesarias que hagan posible una vida libre de violencia. Una sociedad que se precie de ser democrática no puede seguir tolerando las manifestaciones sistemáticas de violencia contra las mujeres, ni la impunidad asociada a la gran mayoría de estos crímenes.

1 Diagnostico y Evaluación de la Violencia de Género en comunidades rurales e indígenas de Oaxaca Chiapas y Tabasco, CDD; Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia; Grupo de Información en Reproducción elegida; IPAS México; con el apoyo de la Unión Europea; 2008.
2 La Lucha de las Mujeres por la Seguridad y la Justicia (Violencia Familiar en México) Amnistía Internacional, 2008.
3 Declaración de la Fiscal Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Mujeres, Mirna Araceli García Moran, noviembre 2007.