¿Quién mató a Brad?
En octubre de 2006 los testimonios periodísticos, nacionales e internacionales, eran tan desesperadamente necesarios para la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) como incómodos y perturbadores para el poder caciquil encarnado en Ulises Ruiz: el movimiento popular oaxaqueño se encontraba cercado y sus activistas eran cazados a balazos en las calles de la capital oaxaqueña por los esbirros del gobierno estatal, el cual difundía un panorama de normalidad que sólo existía en sus propios boletines.
Y aunque el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, juraba en nombre de Dios que no habría represión, el gobierno federal había decidido que personajes como el mismo Ruiz y como Mario Marín no podían ser tocados ni con el pétalo de una averiguación previa pues ello podría molestar a los priístas en general, y la complicidad de éstos era indispensable para que el panismo gobernante se mantuviera en la Presidencia, así fuera con un cúmulo de inmundicias electorales. En el Distrito Federal, en consecuencia, se ultimaba los preparativos para rescatar al gobernador priísta en apuros y lanzar contra los rebeldes oaxaqueños fuerzas policiaco-militares; en particular a los contingentes de la Policía Federal Preventiva, que se encontraban bajo la responsabilidad de Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública y hoy procurador general.
La presencia del camarógrafo estadunidense Brad Will en la ciudad convenía a la APPO y estorbaba a la alianza gubernamental. Es relativamente fácil marear a cualquiera en los meandros de una investigación forense amañada y “demostrar”, por esa vía, que tú eres el homicida de Colosio, y de Carranza, y de paso hasta el asesino material de Moctezuma, pero el cuento de que el periodista fue asesinado por un activista del movimiento popular no resiste el análisis del sentido común.
Los procuradores al servicio del panismo han exhibido una alarmante tendencia a fabricar culpables. Acuérdense del arquitecto Joaquín Romero Aparicio, arraigado porque “se parecía” a un mafioso; de Artemisa Aguilar, quien injustamente pasó muchos meses en la cárcel; de Nahum Acosta, acusado de ser operador del Chapo Guzmán, arraigado, enviado a Almoloya y luego liberado por falta de elementos; del dirigente atenquense Ignacio del Valle, acusado y sentenciado por una agresión que tuvo lugar cuando él se encontraba ya encarcelado; de la indígena mazahua Magdalena García Durán, quien pasó 18 meses en prisión por no haber hecho nada; del médico radiólogo Carlos Martínez Neri, recientemente detenido por la fuga de un presunto secuestrador hospitalizado...
En razón de los pactos inconfesables entre panistas y priístas, desde 2006 Medina Mora, ya sea como secretario de Seguridad Pública o como procurador, tiene asignada la tarea de dar protección, represiva o jurídica, a Ulises Ruiz. Por ello, en el caso del homicidio de Brad Will, era por demás previsible que la PGR diera por buena la versión de la procuraduría oaxaqueña, la cual no halló nada más brillante que atribuir la culpabilidad del asesinato a las víctimas de la represión. Y desde la semana pasada, Juan José Martínez Moreno, activista oaxaqueño, está preso.
Ante la novela policial escrita en coautoría por el gobierno oaxaqueño y por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofreció su propia investigación del homicidio y sus conclusiones no sólo resultan sólidas y rigurosas sino que, además, son compatibles con la lógica: Brad Will fue asesinado por disparos realizados a unos 40 metros de distancia, y no a menos de dos metros, como se les ocurrió a los policías de Ulises Ruiz y a los de Medina Mora.
Qué bueno que en esta ocasión el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, no haya salido a declarar que Brad Will murió a consecuencia de “enfermedades crónicas, gastritis y cáncer hepático”, como lo aseguró hace poco más de un año en relación con Ernestina Ascensión Rosario, violada y asesinada por efectivos castrenses en la sierra de Zongolica. Pero el que haya sostenido tal versión, justo después de que ofreciera un “borrón y cuenta nueva” a un poder político corrupto e ilegítimo, debilitó la autoridad moral y la credibilidad que un ombudsman requiere para esclarecer abusos e investigaciones manipuladas y para corregir injusticias. En el caso de Brad y de otros, la voz de la CNDH tendría que tener, hoy, contundencia y autoridad, pero su propio titular la debilitó y ello da margen para que, pese a la evidencia, uno que otro plumífero del régimen se pregunte, con pretensión hamletiana, de qué lado está la verdad, como si ésta no estuviera a la vista de todos.