Usted está aquí: lunes 6 de octubre de 2008 Sociedad y Justicia Solicitarán diputados a la ASF revisar el concurso para otorgar plazas a docentes

■ Se debe transparentar el proceso y terminar con la desconfianza, dice perredista

Solicitarán diputados a la ASF revisar el concurso para otorgar plazas a docentes

■ El legislador critica métodos de profesores y decisión del gobierno de firmar la ACE

Enrique Méndez

Ampliar la imagen Diputados plantean revisar el proceso para otorgar plazas a docentes Diputados plantean revisar el proceso para otorgar plazas a docentes Foto: Archivo / Marco Peláez

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una auditoría especial a la forma en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asigna las plazas a profesores de educación básica, y para evaluar el mecanismo de selección.

Se trata, explicó el presidente de la comisión, Antonio Ortega Martínez, de transparentar el método de concurso, y con ello contribuir a “terminar con la desconfianza” que ha generado molestias y denuncias entre los profesores que realizaron dicho examen.

Si bien cuestionó el que los profesores heredaran o vendieran sus plazas al momento de retirarse, pues es “un retroceso que, en términos de congruencia y de la crisis que vive la educación mexicana, no se puede defender”, también subrayó “la forma oscura en que se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación, que parte de un acuerdo “autoritario, cupular y antidemocrático”.

Es evidente, resaltó, que el gobierno de Felipe Calderón “cometió un error político” al suscribir un acuerdo con la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, sin tomar en cuenta la base magisterial. “Al cancelar el diálogo con la base laboral, el gobierno pretende no reconocer la resistencia magisterial representada por diversos frentes políticos y militantes de partidos diversos”, expresó Ortega.

Por ello, dijo, en diferentes estados se ha cuestionado toda la etapa de la asignación de plazas, y en ese sentido aseguró que “una medida que ayudará a transparentar y evaluar el mecanismo, es que la Auditoría realice una revisión. Se lo vamos a proponer al auditor (Arturo) González de Aragón para que lo incluya en el Programa de Auditorías y Visitas de la cuenta pública 2008”, informó.

Resaltó que es viable llevar a cabo la investigación, dado que en todo el proceso se ejercen recursos federales. “Con esto se cumple el requisito para auditarlo. Vale a pena, para que ayude a terminar con la desconfianza y la duda”, sostuvo el legislador del PRD.

En entrevista, refirió que la auditoría ya determinó que en el sexenio de Vicente Fox se registró una caída en los índices de la calidad de la educación, y que en el caso de la cuenta pública 2005 se determinó que el costo-beneficio del sistema resulta oneroso y decepcionante para los alumnos; además, el órgano fiscalizador concluyó que las metas e indicadores en materia de actualización, capacitación y carrera magisterial no guardaban correspondencia con el aprovechamiento escolar.

Esto se refleja, dijo, en el hecho de que si bien el gasto público en educación pasó de 4 por ciento del PIB en 1990 a 7.2 por ciento en 2005, México ocupó los últimos lugares de evaluación de capacidades realizado a países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): en comprensión de lectura, fue el lugar 34 de 41 países valorados en 2000, y tres años más tarde pasó al lugar 38 de 40; en habilidades matemáticas, al inicio del sexenio foxista se situó en el lugar 36 de 42 países evaluados, y a la mitad de la primera administración panista cayó al sitio 37 de entre 40.

“Es decir, el magisterio nacional y la SEP, a pesar de obtener incrementos sustanciales en el presupuesto, no cumplen con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades en el acceso y calidad educativa para los mexicanos que deben obligadamente cursar la educación básica”, dijo Ortega.

La falta de resultados se refleja, informó, en el hecho de que en el mismo informe a la cuenta pública 2005, la ASF detectó que la SEP –a cargo entonces de Reyes Tamez– atendía parcialmente la demanda educativa, al dar sólo una cobertura de 43.8 por ciento de educación básica, y dejaba fuera a 35.6 millones de mexicanos, y la matrícula en el ciclo escolar 2006-2007 era de únicamente de 17.6 millones de estudiantes.

 
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