Sería un ardid para eludir resolución de la CIDH sobre el caso, sostiene abogada
Levanta cargos la PGR por tráfico de armas a dos jóvenes desaparecidas por judiciales
Ciudad Juarez, Chih., 7 de mayo. Dos jóvenes desaparecidas el 12 de marzo de 1998 por agentes de la ya extinta Policía Judicial Federal (PJF) fueron acusadas sorpresivamente por la Procuraduría General de la República (PGR) de tráfico de armas, presuntamente para tratar de eludir la resolución que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará próximamente sobre este caso.
Así lo denunció la abogada Luz Elena Castro, nombrada coadyuvante en las indagatorias por parte de Evangelina Arce, mamá de Silvia Arce, quien junto con Griselda Mares fue levantada hace siete años por agentes plenamente identificados y que no han sido detenidos o interrogados.
La defensora, quien ha recibido amenazas, explicó que hace 15 días, al revisar el expediente, se encontró con la sorpresa de que había un documento anexo, de que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada busca ahora a las muchachas, pero no por estar desaparecidas, sino por tráfico de armas.
Con tal acusación, dijo, el gobierno mexicano pretende desprestigiarlas para que pasen del estatus de desaparecidas a presuntas terroristas antes que el organismo internacional dé a conocer la resolución por la denuncia que presentó Evangelina Arce por el secuestro de su hija por agentes federales.
La señora Arce dijo que a su hija la desaparecieron a las 2:30 de la madrugada del 12 de marzo de 1998, cuando salía con su amiga Griselda del restaurante bar Pachangas, donde ambas trabajaban.
Ante la falta de pesquisas por parte de las autoridades, ella investigó con los compañeros de trabajo de las jóvenes desaparecidas y obtuvo hace seis años datos valiosos, como los nombres de sus captores: Carlos Cárdenas Cruz y Jorge García Paz, agentes entonces de la PJF -quienes buscaban dos rifles que les habían robado en el bar-, y el tipo y placas de los vehículos que utilizaron.
Una semana después de la desaparición, una joven identificada como Verónica Rivera presentó denuncia en la Procuraduría General de Justicia del estado por tortura y secuestro contra los mismos agentes que desaparecieron a Silvia y Griselda.
Esta denuncia fue investigada y las autoridades tienen los nombres de los involucrados, los vehículos que usaron, así como las casas donde tuvieron secuestrada a Verónica y a las dos jóvenes desaparecidas, además de que la esposa de uno de los involucrados fue interrogada.
Desde abril de 1998, el expediente estaba congelado, ya que los agentes judiciales del estado decidieron repentinamente no continuar con las indagatorias sobre el paradero de Silvia Arce y Griselda Mares, hasta que en diciembre de 2002 se reabrió el caso.
Por la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales, Evangelina decidió denunciar el caso ante la CIDH, y ante la inminencia de su fallo, ahora resulta que son investigadas por tráfico de armas.