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México D.F. Jueves 25 de noviembre de 2004

El linchamiento de dos elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) perpetrado anteayer por pobladores de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, en esta capital, es un espejo implacable en el que se reflejan algunos de los peores aspectos sociales, políticos e institucionales en el momento actual del país. El más evidente es el atroz analfabetismo cívico que impera todavía, por desgracia, en numerosas localidades, no necesariamente rurales, de la geografía nacional, y que viene expresándose de manera creciente y exasperante en actos de justicia por propia mano contra presuntos, reales o falsos delincuentes, que son asesinados con saña inaudita por turbas enardecidas y con frecuencia azuzadas por liderazgos caciquiles. Tales sucesos deplorables han ocurrido, en el pasado reciente, en Puebla, Guerrero, Morelos, el estado de México y el Distrito Federal, y en ellos confluyen la ausencia desoladora de cultura de la legalidad con el descrédito abrumador en que se encuentran las corporaciones policiales, las instituciones de procuración e impartición de justicia y las autoridades de todos los niveles en general. La clase política en su extensión más amplia, y los funcionarios públicos, desde presidentes hasta policías rasos, se han ganado a pulso el desprestigio que tienen, no sólo entre segmentos sociales tan atrasados y faltos de valores elementales como los que conforman a las multitudes linchadoras, sino en todo el cuerpo social. Tales son los componentes primarios de ese episodio que no habría debido ocurrir jamás, en el que perdieron la vida Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla y resultó gravemente herido Edgar Moreno Nolasco, y que degrada a la población que fue escenario de los hechos, al Distrito Federal y a todo el país.

Pero si se asume que los factores profundos que hacen posible estas escenas de barbarie requieren, para ser erradicados, de una labor de largo aliento en materia educativa y social, resulta absolutamente injustificable la ineptitud, la lentitud y la descoordinación que exhibieron las autoridades federales y locales, las cuales fueron incapaces de impedir la consumación de tal crimen. Esas autoridades tendrían que estar al tanto de situaciones similares, ocurridas en tiempos recientes, en las que la crueldad de turbas agraviadas por la delincuencia culmina en asesinatos multitudinarios, y tendrían que estar preparadas para evitarlos. Pero ayer los dos secretarios de Seguridad Pública, tanto el federal, Ramón Martín Huerta, como el capitalino, Marcelo Ebrard, ofrecieron pretextos balbuceantes sobre singularidades topográficas, las largas distancias urbanas y la densidad del tránsito vehicular para tratar de explicar la injustificable tardanza de fuerzas policiales para presentarse en el lugar de los hechos. El primero de esos funcionarios fue más lejos y mintió sin rubor al señalar como una de las causas del retraso el no haber recibido una notificación oportuna de las autoridades delegacionales, pese a que el primer llamado de auxilio de las víctimas llegó a la PFP más de dos horas antes de que dos de ellas fueran incineradas mientras aún agonizaban. Al tiempo que Martín Huerta buscaba sacarle el mayor partido posible al suceso y fustigaba a los mandos urbanos por la "falta de autoridad y gobierno" en la zona de la tragedia, Ebrard se jactaba de que las fuerzas capitalinas habían logrado rescatar con vida por lo menos a uno de los policías federales. Al trenzarse en ese duelo de recriminaciones mutuas, las autoridades policiales nacionales y las del Distrito Federal dieron muestra de una insensibilidad y una torpeza que se adicionan a las fallas gravísimas e inexcusables exhibidas anteayer por las corporaciones de las que están a cargo.

Ese improcedente encono obliga a preguntarse en qué medida las disputas políticas entre la Federación y el Distrito Federal pudieron entorpecer, en la tarde y noche del martes, lo que habría debido ser una respuesta ágil, profesional y contundente de las fuerzas del orden para rescatar a los policías martirizados. Por lo demás, si los dos niveles de gobierno son manifiesta y comparablemente responsables de omisión, los mandos de la PFP deben responder, adicionalmente, a los interrogantes en torno a la casi inconcebible ingenuidad, improvisación y candidez con que se colocó en San Juan Ixtayopan a los efectivos linchados; deben contestar, asimismo, por qué un elemento asignado al combate al terrorismo realizaba tareas de inteligencia en torno al narcomenudeo, y qué hacen, en todo caso, los efectivos de la PFP en una tarea como la lucha contra el narcotráfico que, hasta donde se sabe, corresponde más bien a la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República. ¿Se envió a esos tres agentes prácticamente inermes al poblado de Tláhuac por mera estupidez, se actuaba en forma deliberada a contrapelo de disposiciones legales o se buscaba provocar un conflicto con fines inconfesables? El gobierno foxista debe despejar de manera inequívoca esas inquietudes.

Sería difícil imaginar que a la historia de crueldad, ineptitud y torpeza que empezó la tarde del martes en San Juan Ixtayopan se le pudieran agregar errores gubernamentales adicionales de no ser porque, en efecto, así ocurrió con el impresionante operativo conjunto de fuerzas policiales federales y capitalinas realizado ayer, que constituyó un indignante catálogo de violaciones a las garantías individuales: cerca de un millar de efectivos de varias corporaciones sitiaron la escuela de la localidad, catearon domicilios sin contar con autorizaciones judiciales y realizaron aprehensiones arbitrarias sin las órdenes necesarias para ello. De esa forma, en vez de restablecer el estado de derecho en esa población de Tláhuac pisotearon la legalidad y dieron a los habitantes nuevos elementos para abominar de las fuerzas del orden y de todo lo que tenga que ver con la institucionalidad. La incursión sobre San Juan Ixtayopan se realizó en forma tan discrecional y autoritaria que pareció más una acción de venganza contra toda la comunidad que un ejercicio de procuración de justicia.

Los trágicos y exasperantes sucesos comentados son, en suma, un espejo en el que se reflejan los peores aspectos de la sociedad y de las autoridades federales y locales, y conforman el angustiante retrato de una institucionalidad descompuesta.