El reclamo priísta para recalendarizar multa, oportunidad para recuperar confianza

Nueva prueba a la imparcialidad del IFE

ALONSO URRUTIA /I

Llegaron con el estigma de un acuerdo PRI-PAN que rompió con los necesarios consensos para designar al árbitro de la competencia política; llegaron también con las sospechas de filias claramente definidas que orientarían su acción. A un año de gestión de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), las "multas históricas" a los partidos por irregularidades en sus gastos de campaña; la revisión polémica de los estatutos de PRD y PVEM, así como cambios en cuatro de seis direcciones ejecutivas, algunos de ellos polémicos, han caracterizado su desempeño.

Tarea no exenta de descalificaciones partidistas -incluidos el PRI y en menor medida el PAN- por la pretensión de legitimarse mediante sanciones excesivas -como en su momento les reprochó el PRI-, que se vincularon con una decisión pocas veces vista: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) devolvió al instituto prácticamente todos los expedientes. Sin duda, las multas aplicadas han provocado la mayor confrontación con los partidos en estos meses.

A un año de gestión y de acciones que han dado cuenta de la "imparcialidad" de la autoridad electoral, el nuevo Consejo General del IFE -según sus integrantes- se enfrenta a una decisión que pondrá a prueba su actuación: el PRI ha solicitado la reprogramación de los pagos del resto de la histórica multa de mil millones de pesos aplicada por el Pemexgate. Ha solicitado que aproximadamente 300 millones de pesos no sean pagados en el transcurso de los 16 próximos meses, sino en un plazo más amplio.

La argumentación de insolvencia financiera, tendiente a que se le puedan otorgar hasta 48 meses para pagar, permitiría al PRI contar con mayores recursos justo en vísperas del proceso electoral. A pesar de la polémica interna sobre si aceptar tal petición implicaría modificar los términos de la resolución del TEPJF, el IFE ha dado entrada a la petición y analizará el "fondo del asunto". De proceder, el tricolor recibiría mayores recursos en una etapa prelectoral clave rumbo a los comicios presidenciales de 2006, dejando de lado los términos establecidos por el anterior Consejo General, decisión ratificada por el propio tribunal.

Hasta ahora, asegura el representante del PRD -el partido que cuestionó más severamente al nuevo consejo-, Saúl Escobar, "si bien hemos tenido diferencias en criterios, no hay elementos que acrediten parcialidad o antiperredismo". En su balance define como "traumático" el esquema de designación que impusieron PRI y PAN.

-ƑHay mayor confianza ahora en el nuevo IFE?

-No es un asunto de bajar o subir confianza. No hay un voto de confianza por adelantado, pero tampoco una condena permanente -resumió.

Esos son los flancos que ha enfrentado el Consejo General externamente. La discusión sobre el nombramiento de la secretaria ejecutiva, María del Carmen Alanís, y del director de Capacitación, Carlos González, ha derivado en polémica. Algunos han cuestionado la designación de la primera por causas esencialmente personales (su relación amistosa con la esposa del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde), lo cual ha polarizado el ambiente.

"Es totalmente falsa esa percepción", ha dicho Ugalde ante los señalamientos de que ha prevalecido el criterio "amistoso" sobre el profesional en el caso Alanís. "Fue su trayectoria" la que contó, aseguró el presidente del instituto.

Virgilio Andrade, uno de los consejeros impugnados de origen por su cercanía con el PRI, sostiene: "por sí mismo el IFE es una institución sólida y con credibilidad. Creo que los nuevos consejeros hemos ido ganando confianza y credibilidad sustentadas en las decisiones adoptadas".

Su colega Rodrigo Morales admite: "el problema de origen vino no de un asunto legal, sino esencialmente político. Se rompió una regla no escrita de que en este tipo de órganos se votaba unánimemente". Igualmente reconoce que la forma en que se puede remontar esas críticas es mediante las acciones y la interlocución con los partidos. En ese contexto ubica las recientes reuniones con todos los partidos como fórmula para despejar las diferencias.

El asunto de las finanzas partidistas es el que más ha acarreado ataques al IFE, situación que ha sido recurrente desde que se han ampliado las atribuciones de vigilancia del organismo electoral. Con esta lógica, el ofrecimiento de revisar el reglamento de fiscalización pretende inhibir las confrontaciones con los partidos.

"No queremos propiciar una ruta de colisión, pero la fiscalización es una forma fundamental de fortalecer al régimen de partidos, lo que no necesariamente es fortalecer a cada uno en lo individual", define la consejera Lourdes López.

Las sanciones por los gastos de campaña de 2003 enfrentaron al consejo con los partidos y con el TEPJF, lo que sin duda ha sido su mayor revés.

Las descalificaciones partidistas por los procedimientos aplicados fueron acreditadas en cierta forma por la devolución de los expedientes por el tribunal para su mayor fundamentación jurídica y por inconsistencias en la aplicación de las sanciones.

"Más que un revés para el IFE fueron cambios de criterio", justifica Andrade. Se confirmaron la mayor parte de las sanciones, pero "el TEPJF tomó la decisión de cambiar, sobre todo, argumentos genéricos para tener sanciones globales. Para el tribunal es importante que los argumentos sean particulares para sanciones específicas".

Es la percepción general en el IFE acerca de la decisión del tribunal. Visión, por supuesto, no compartida por el tribunal ni por los partidos.