Samuel I. del Villar/ I

Fobaproa-IPAB: la deuda de la corrupción*

La corrupción en México es un sistema político organizado. Es una dictadura que aniquila el Estado de derecho, atrofia la economía, degrada la sociedad. Sus manifestaciones y costos en todos los órdenes son abrumadores e incuantificables. Solo la membretada por el Fondo para la Protección del Ahorro Bancario (Fobaproa) de 1994 a 1998, y del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB), desde 1999 a la fecha, supone un "costo fiscal" de un billón 300 mil millones de pesos, alcanzó 19 por ciento del PIB.

Fobaproa-IPAB han sido el medio y la pantalla de la Secretaría de Hacienda (SHCP), el Banco de México (BM) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para institucionalizar como forma de gobierno no sólo la más cuantiosa y escandalosa corrupción institucional en la historia del país, al menos desde el "agiotismo" de la era de Santa Anna. Desnaturalizaron la función bancaria en un rentismo tan abusivo como improductivo del ahorrador y del erario y fuente principal de estrangulamiento y depresión del ingreso y la productividad de la población.

Esta deuda de la corrupción la generó la privatización de Salinas, la protegió e infló extraordinariamente Ernesto Zedillo y Vicente Fox, bajo el dominio de su secretario de Hacienda, Francisco Gil y sus asociados, subordinó completamente su gobierno a su servicio y a la pretensión de que sus cargas sigan gravando y estrangulando indefinidamente los ingresos de la población y el futuro del país, en contra de lo dispuesto por la Constitución, su legalidad y la más elemental razón, ética pública, productividad económica y justicia social. Hasta ahora su pretensión ha tenido éxito. Seguirá teniéndolo si el Poder Legislativo no se decide, haciendo efectiva la representación popular que ostenta, a reivindicar los poderes de la Constitución, los suyos propios y con ellos los del Estado de derecho, usurpados en la del Fobaproa-IPAB.

Salinas y sus "banqueros"

El Fobaproa fue uno de los inventos anticonstitucionales de Carlos Salinas. Lo estableció su legislación bancaria privatizadora de 18 de julio de 1990. Dispuso que se organizara como un fideicomiso -figura por excelencia que usan los funcionarios y sus asociados para esconder sus operaciones y evadir o violar la ley-, constituido por la SHCP en el BM, gobernado. por ambos con y la CNBV como ad latere, a través de su "comité técnico", y administrado por el banco.

Lo distintivo del Fobaproa no fue ofrecer un seguro de depósitos financiado con cuotas bancarias como aparentaría su nombre y su maquillaje. Omitió el curso hacendario "idóneo -que- hubiera sido que el gobierno mexicano tuviera un respaldo limitado para depósitos bancarios en vigor antes de iniciar la privatización", como observó el revisor de la Cámara de Diputados, Michael Mackey. Pero a Salinas se le quemaban la habas por precipitar la privatización y, en el proceso, inventar políticamente su propia clase bancaria, politizando, desprofesionalizando, corrompiendo de raíz la propiedad, el control, la administración, la función y la regulación del sistema nacional de intermediación financiera.

El Fobaproa y las contrarreformas de Salinas, que en 1993 irresponsabilizaron al BM frente a la sociedad, abrieron las puertas para que la burocracia política de la SHCP, el BM y la CNBV suplantaran a la Constitución, al Congreso. Desviaron el ejercicio de su anticonstitucional poder de cualquier vestigio de honradez, lealtad al servicio público y patriotismo en la determinación y canalización sin control de "apoyos" a "banqueros" inventados por aquél. Combinaron una ineptitud, voracidad y fugacidad sin precedentes.

La privatización sepultó a los banqueros profesionales mexicanos y a las posibilidades de eficiencia y responsabilidad del sistema. Lo ilustra el testimonio del más destacado banquero de la era previa a la estatización. "Al anunciarse que los bancos serían regresados a la iniciativa privada" -relata Manuel Espinoza Iglesias en sus memorias- "tuve oportunidad de entrevistarme con José Córdoba Montoya, asesor principal del presidente Salinas y uno de los hombres más poderosos durante su sexenio... y, sonriendo ligeramente, me dijo que ninguno de los dueños de los bancos regresaría a la institución que había dirigido". Concluyó que "a mi juicio no hay duda" que "además de la estatización, la privatización bancaria fue una de las gotas que derramaron la posible quiebra de la banca".

Salinas mismo confirmó sin ambages su absoluta irresponsabilidad -y corrupción consecuente- al inventar sus propios banqueros, así como su origen estrictamente político, e incluso su ineptitud profesional. En sus memorias confesó que "uno de los requisitos políticos de la privatización fue que las instituciones no regresaran a sus antiguos dueños" con lo que "literalmente se estaba creando una generación de empresarios mexicanos que hasta entonces sólo tenía un incipiente conocimiento en el área financiera".

El desgobierno de Salinas barrió también con los principios y normas bancarias para prevenir el conflicto de intereses y la corrupción institucional. Para 1994, su último año, se evidenció el encubrimiento y "apoyo" de la SHCP y del BM, a través del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval) a la defraudación en los casos de Arka y Havre, y del Fobaproa en los de Cremi y Unión, sobre los que el BM informó que "les extendió créditos mediante la compra de sus pasivos en riesgo". A fin de año afloró la debacle financiera de su desgobierno y de sus banqueros con la inminencia de pagos impagables de su deuda en dólares. La Secretaría de Hacienda sintetizó:

Tan sólo los Tesobonos, que vencían durante el año (1995), sumaban 29 mil millones de dólares. Había, además, otras deudas de corto plazo por cerca de 12 mil millones más. Los bancos, por su parte, tenían que renovar adeudos con el exterior superiores a 20 mil millones de dólares.

"En suma -recapituló sobre el saldo del desgobierno hacendario de Salinas el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin, en sus memorias- las autoridades mexicanas habían perdido control de las finanzas de su país", México se encontraba al borde del "caos financiero y el incumplimiento de pagos".

La corrupción más pura estuvo en el origen de la inflación descontrolada de la cartera crediticia de los banqueros de Salinas. Fue sobresaliente en la debacle su documentación de préstamos entre sí y para sí mismos, sin las garantías mínimas, abiertamente fraudulentos, para comprar los bancos y ordeñarlos con la protección y complicidad de la SHCP y la CNBV. Fue práctica común hacerlo, como informó Mackey, con "préstamos interbancarios a través de líneas de crédito con bancos extranjeros a bancos nacionales" denominados en dólares.

El Fobrapoa de Zedillo

El gobierno de Zedillo tomó la opción de llevar su "rescate bancario" por un camino enteramente contrario al de la Constitución, la honradez y la razón. Para pretender justificarlo, la SHCP formuló una tesis pública sobre las "opciones para el manejo de la crisis bancaria". Fue simplista y falsa al extremo: "o permitía la quiebra de los bancos o echaba mano de todos los recursos posibles para mantenerlos en operación".

Parecía, más bien, la perspectiva de una conspiración que le urgía apoderarse del erario para subsidiar la defraudación bancaria a cualquier costo. Y el expediente anticonstitucional del Fobaproa le venía como anillo al dedo.

No utilizó el invento de Salinas, como lo alegó su retórica, para pagar las deudas de sus banqueros con sus depositantes, cuyos depósitos y ahorros fueron barridos por la devaluación 1994-1995 sin ninguna protección de SHCP-BM. Con el nombramiento de Guillermo Ortiz como secretario de Hacienda -el subsecretario de Salinas que instrumentó la nueva y efímera creación de banqueros- se aseguró que el Fobaproa fuese el medio para comprarles y asumir a la par su cartera frudulenta, subsidiándole, incluso multiplicadamente, el fruto de su corrupción y la de sus asociados en el gobierno y en el extranjero.

Su programa inmediato fue el de "ventanilla de liquidez en dólares". Financió en 1995, con base en el "paquete de apoyo financiero" internacional (de hasta 51 mil 537 millones de dólares) reunido por el presidente Clinton, la demanda indiscriminada de divisas de los banqueros supuestamente para cubrir los vencimientos de su deuda interbancaria de 20 mil millones de dólares que reportó la SHCP, mientras se arreglaba al margen de la ley que el erario asumiese directa o indirectamente ese pasivo... y mucho más. La propia CNBV, de acuerdo con el informe Mackey, estableció que "no realizó la supervisión" del programa alegando que "no se requería", respuesta que el propio revisor calificó de "inconsistente". Fue el puente para que Fobaproa organizara y canalizara sus "apoyos" a través de cuatro programas.

El programa de "capitalización temporal" fue básicamente rechazado por los banqueros, por condicionar la absorción de pérdidas al depósito de acciones. El de "capitalización y compra de cartera" fue su gran negocio al vender a la par sus deudas, por ficticias, fraudulentas e incobrables que fuesen, quedándose además sin supervisión con la administración de cartera vendida. El relajamiento de todo principio normativo determinó que "calificaron -en términos de Mackey- la mayoría de los créditos" incluso los de los propios dueños y funcionarios de los bancos (ejemplificando con Banamex, Atlántico, Promex, Bancomer) y el descontrol "impidió monitorear los créditos". Sobre el programa "intervención y saneamiento financiero" al 30 de junio de 1998 dio cuenta de que "de los 24 bancos revisados, 22 carecían de capital y un número similar demostró una falta de reservas adecuadas para pérdidas", a pesar de que "el estudio de viabilidad de la CNBV indicaba que el banco ya no era viable bajo ninguna circunstancia" y concluyó en la ausencia de "criterios consistentes" en el programa por "falta de estructura y los problemas significativos" de "irregularidades, fraudes, préstamos con problemas, etcétera".

En contraposición el objetivo del "programa de apoyo a deudores", según el BM, fue "crear una cultura de repago de los acreditados". Parece imposible evitar calificarlo como el del más inaudito cinismo, en medio de este mar de defraudaciones de banqueros encubiertas y subsidiadas por el propio banco central. Mackey concluyó que fue "contraproducente", porque "si era la intención del gobierno beneficiar a los deudores como política social, lo hubiera hecho sin utilizar Fobaproa como el vehículo a un costo importante y hubiera proporcionado beneficios directos en efectivo a los deudores".

La inflación de la deuda

El caos ético, jurídico y administrativo llegaron al extremo. "El Fobaproa no ha elaborado estados financieros consolidados al 30 de junio de 1998", informó Mackey. El caos financiero, pero obviamente deliberado, condujo a una formidable inflación de la deuda y su servicio.

Para 1995 el BM informó de créditos que había otorgado a Fobaproa por 37 mil 975 millones de pesos, manteniendo los bancos "a su cargo la administración de los créditos". No precisó sus pasivos en "bonos a largo plazo" a favor de los bancos, aunque debían estar todavía limitados "por un monto en la mayoría de las veces del doble del capital fresco que los accionistas aportasen" y sin control. La limitación desapareció y, para fines de 1996, informó que "el valor presente del costo fiscal de los programas de saneamiento financiero" se había inflado a 210 mil 300 millones: 8 por ciento del PIB. Para 1998, cuando Hacienda pretendió escribir "la verdadera historia del Fobaproa", informó que dicho costo era 157.7 por ciento superior, 542 mil millones de pesos, 14.4 por ciento del PIB. Al año siguiente, como por arte de magia, la deuda transferida del Fobaproa al IPAB fue inflada adicional y extraordinariamente en 235 mil 246 millones de pesos (48 por ciento más sobre la reportada en el último balance del Fobaproa), para alcanzar 722,465 miles de millones.

En 2002 el secretario de Hacienda, Francisco Gil, reafirmó el anticonstitucional e ilícito "costo fiscal" de esta deuda y su servicio con 19 por ciento del PIB. A principios de 2004 se reportó el referido "costo fiscal" en un billón 272 miles de millones de pesos.

* La serie sintetiza algunos aspectos contemporáneos de una investigación inédita más amplia sobre la génesis de la Hacienda Pública en México y su impacto en la construcción o destrucción del Estado democrático de Derecho. Por razones evidentes de economia editorial, esta versión periodística omite la trancripción de las fichas bibliográficas y documentales que sustentan las múltiples citas, y que desde luego están en posesión del autor para cualquier precisión.