Va encaminado a avalar jurídicamente los contratos de servicios múltiples, advierte

El nuevo régimen fiscal, pretexto para la privatización escandalosa de Pemex: Garza

Se busca beneficiar a las compañías petroleras trasnacionales, afirma la senadora priísta

ANDREA BECERRIL

Aprobada ''de manera abrupta y apresurada'' en la Cámara de Diputados, la Ley de Derechos establece un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex) que, a decir del gobierno federal, es la gran panacea para resolver los problemas del país, pero en realidad lo que se pretende es consolidar ''la privatización escandalosa'' de la paraestatal sin tener que reformar la Constitución, advirtió la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Laura Alicia Garza Galindo.

Ese nuevo régimen tributario, que el gobierno y el Partido Acción Nacional (PAN) tratan de que se apruebe al vapor en el Senado, va encaminado a avalar jurídicamente los contratos de servicios múltiples (CSM), a legalizar el contratismo para beneficiar a las compañías petroleras trasnacionales y a continuar con el esquema de endeudamiento que se endosaría después al erario como un ''nuevo Fobaproa'', señaló la legisladora en entrevista con La Jornada.

Dedicada en los últimos días al análisis detallado del paquete fiscal, y en especial de esa propuesta sobre Pemex, Garza Galindo recalcó que lo más preocupante es que pocos legisladores saben exactamente de qué se trata esa reforma, incluida dentro de la minuta de Ley de Derechos, elaborada para el actual director de Petróleos Mexicanos por el consultor internacional Pedro H. Van Meurs, autor también de los CSM .

Pretenden panistas que la reforma se apruebe este mismo lunes

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Fauzi Hamdan, pretende que la reforma se apruebe en Xicoténcatl este mismo lunes por la tarde, en que sesiona la comisión legislativa. Inclusive hizo llegar desde el viernes por la noche el dictamen respectivo -junto con el de otras tres leyes del paquete fiscal- a los senadores.

Al respecto, Garza Galindo señaló que sorprende ese apresuramiento de Hamdan, sobre todo por la lentitud con la que se hizo llegar al Senado el paquete fiscal aprobado en la Cámara de Diputados. ''Nosotros recibimos los documentos el día 4, entrada ya la mañana, y el viernes 5 por la noche a nuestras oficinas llegaron vía Internet, pero también impresos, cuatro primeros proyectos de dictamen, entre ellos el de la Ley de Derechos.''

La legisladora tamaulipeca recalcó que contra esa pretensión de Hamdan, lo menos que se puede hacer es informar al pueblo de México, que será el más afectado, sobre el impacto de tales modificaciones, cuyo objetivo es ''intentar por enésima vez privatizar a Pemex, propósito en el que mucho han avanzado''.

El nuevo régimen fiscal de la paraestatal propone en primer término reducir el pago de impuestos de Pemex, bajo el argumento de sanearlo financieramente, aunque en realidad el propósito es continuar con la contratación de más deuda a través de los Pidiregas, y de colocar más bonos en el extranjero a fin de seguir impulsando los CSM, y no sólo en lo que se refiere a la extracción de gas, sino ampliarlos también al petróleo.

De hecho, dijo, hay una pugna en el gabinete presidencial por el control de Petróleos Mexicanos, al que los diversos grupos ven como el gran botín en disputa. En ese sentido, el actual director de la empresa, Luis Ramírez Corzo, ''caballo de Troya de las trasnacionales'', es uno de los impulsores de ese nuevo régimen fiscal, cuya finalidad es que ''el pequeño grupo en el poder adueñado hoy de la paraestatal se quede al menos con una parte de las ganancias que generosamente comparten con las trasnacionales asociadas a ellos''.

Después de sumergirse los últimos días en esa ''nueva, incomprensible y casi enigmática Ley de Derechos, que nunca se trabajó en conferencia con la Cámara de Senadores'', Garza Galindo explicó que el nuevo régimen fiscal de Pemex no reconoce en ningún momento la rehabilitación financiera de la empresa, toda vez que los recursos que obtenga al pagar menos impuestos por los nuevos pozos se destinarán al financiamiento de los CSM.

Se establece que en los próximos 10 años los impuestos que Petróleos Mexicanos paga al erario por la extracción de petróleo -el denominado derecho de extracción de hidrocarburos- pasarán de 69 a 25 por ciento.

Tal medida significará menores ingresos para el Presupuesto de Egresos y menores participaciones para los estados y municipios, a menos que la producción supere los 6 millones de barriles diarios, aunque no debe olvidarse que la máxima explotación posible actualmente es de 4 millones de barriles.

Esto lleva, sostuvo, a la sobrexplotación de los pozos existentes y a la apertura de nuevos yacimientos a futuro. No se menciona, por supuesto, que las nuevas explotaciones, después de 2006, se harían a través de los CSM, claro, si el Senado aprueba la ley.

Asimismo, se plantea exentar del pago de derechos una producción petrolera de 30 mil barriles diarios por pozo. Ello se traduce en que no se pagará ni un centavo al fisco por 148 mil 230 barriles diarios de crudo, ''si aceptamos la cifra difundida por Pemex de que existen 4 mil 941 pozos, aunque no sabemos cuáles están operación y cuáles cerrados'', recalcó la senadora priísta.

Vale la pena mencionar, dijo, que en Estados Unidos toda extracción de crudo está gravada e incluso los pozos que producen 4 barriles diarios de petróleo o menos de 50 mil pies cúbicos diarios de gas, pagan impuestos.

Por otra parte detalló que en esa ley se omite el concepto de ''renta económica'', que es la riqueza nacional que se debe obtener por la explotación petrolera de manera racional, la cual debe sustentar el desarrollo económico y social. Además el nuevo régimen fiscal sólo es aplicable a Pemex Explotación y Producción, y no genera incentivos para financiar al resto de las subsidiarias. ''Pareciera que el propósito es deshacerse de las actividades industriales, al negarse a agregar valor al petróleo para venderlo sólo de manera bruta, y que sean los socios externos los que les agreguen valor.''

En ese sentido va ''el reciente y abusivo abaratamiento del crudo en tres dólares a Estados Unidos, para que sus compañías trasnacionales eliminen las impurezas al petróleo pesado y ganen así 3 mil 300 millones de dólares más''.

Otro de los riesgos de la ley es que propicia e induce a la maximización de la producción petrolera, sin considerar la recuperación de reservas, cuya pérdida en los últimos años ha sido acelerada y de la que no hay cifras exactas.

En la Ley de Derechos no se establece un mecanismo que realmente obligue a Petróleos Mexicanos a invertir para la reposición de reservas, para su desarrollo y extracción, ni se cuenta con instrumento alguno para su verificación. Además se promueve el dispendio, puesto que se toleran mermas, derrames y quema de hidrocarburos hasta por el equivalente a 2 por ciento del valor de los mismos, cuando actualmente se penaliza ese derroche.

Al contrario de todo principio de transparencia, Pemex seguirá siendo juez y parte en la supervisión de la producción y venta de petróleo y gas, negándose a informar, ocultando lo realmente producido y vendido en México y en el exterior, los precios, la rentabilidad y la vida útil de cada uno de los pozos. ¿Cómo saber entonces a cuánto asciende el superávit petrolero anual de la paraestatal?, preguntó la legisladora.

La ley permite también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) conserve plena discrecionalidad para determinar los porcentajes de los derechos, prevaleciendo el régimen confiscatorio tradicional, en el que aplica la ley del azadón: todo para acá, nada para allá, dijo.

Aunado a ello, precisó, las inversiones, los costos de producción, de distribución y transporte serán deducibles de impuestos, por lo que Pemex y la SHCP podrán inflar esos costos ''a sus respectivas o complementadas conveniencias''.

También es preocupante, recalcó la senadora, que ese nuevo régimen fiscal para Pemex no da autonomía de gestión a la empresa, ni corresponde a una política para fortalecerla; más bien responde al esquema de financiamiento basado en los Pidiregas, que se ha llevado al máximo y es insostenible.

Garza Galindo señaló que, según información disponible, el endeudamiento interno de Petróleos Mexicanos anda por el orden de un billón 197 mil millones de pesos, mientras el externo ronda 40 mil millones de dólares, estos últimos colocados en bonos y otros instrumentos en los mercados extranjeros. Aunado a ello, la propuesta para este año, inscrita en la Ley de Ingresos, asciende a 486 mil millones de pesos, de los cuales 58 mil serían para la Comisión Federal de Electricidad (CFE ) y el resto para Pemex.

Lo que es una realidad es que la deuda interna y externa que pesa sobre Petróleos Mexicanos es actualmente mayor que su valor en activos, y lo más grave es que en la Ley de Derechos los recursos que obtendría por los derechos a pozos clasificados como nuevos no serían destinados al pago de los Pidiregas, por lo que el Estado y los contribuyentes deberán asumir esa deuda.

Se endilgará al pueblo otro Fobaproa

O sea, adicionalmente a la privatización de Pemex se endilgará al pueblo mexicano un nuevo Fobaproa, el de los Pidiregas, que ya asciende a un billón 197 mil millones de pesos.

Garza Galindo precisó que es obvio que se requiere una reforma integral para la paraestatal, pero una que sea viable a los intereses nacionales y no para cumplir los compromisos de Vicente Fox con las trasnacionales.

Su propuesta es que la reforma permita restar paulatinamente recursos fiscales al Estado, en un plazo no menor de 10 años, y paralelamente se revitalice a Pemex al permitirle retener capital suficiente para financiar su inversión y dedicando los dineros suficientes al Presupuesto de Egresos para que se retome la senda del desarrollo.

''Esto lo deberíamos hacer en conferencia diputados y senadores, sin jugar a los escondidas e informando de ello al pueblo de México. Si la propuesta es neutral, como asegura el gobierno, y no modifica nada el próximo año, ¿por qué no trabajarla en los primeros meses de 2005?'', preguntó.

El planteamiento lo llevará Garza Galindo a la plenaria del grupo parlamentario del PRI, el próximo martes.