En una acción soterrada liquidó el Fobaproa, que entregó todo su capital: siete pesos

Pretende el Ejecutivo cancelar la investigación del rescate bancario

El fideicomiso significó la deuda más grande de la historia del país: cien mil millones de dólares

El IPAB pagará a bancos $107 mil millones, equivalentes a 7 veces el presupuesto de la UNAM

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), empleado por el gobierno federal para contratar al margen de la Constitución el mayor monto de deuda en la historia del país, pasó a mejor vida y lo hizo por la puerta de atrás. Con un acto administrativo, el Ejecutivo pretende cancelar cualquier posibilidad futura de investigar el proceso de rescate bancario.

Sin un anuncio oficial, escondido el aviso en un documento emitido apenas hace un par de semanas, quedó formalizada la extinción de ese fideicomiso, con una nota de humor negro: al momento de su desaparición formal, el Fobaproa, que generó un pasivo público por más de cien mil millones de dólares, entregó a su sucesor, el IPAB, siete pesos, que era todo su capital, como acto final antes convertirse en historia.

"Al decretar la extinción del Fobaproa, este fideicomiso deja de ser objeto jurídico y por tanto se cierra la posibilidad de investigarlo porque sus obligaciones ya fueron transferidas al IPAB", opinó Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal y presidente de la comisión legislativa que investiga las operaciones del Instituto. "La intención, con ese anuncio, es que ya no se investigue nada", añadió. Explicó que en los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) se establece con claridad que la extinción del Fobaproa sólo podrá realizarse una vez que se realicen las auditorías al Programa de Capitalización y Compra de Cartera (uno de los que se efectuaron al amparo del rescate bancario) y se hayan fincado las responsabilidades por los actos ilícitos que se hubieran cometido.

Esas auditorías apenas han iniciado y sus resultados, de acuerdo con funcionarios del IPAB consultados por La Jornada concluirán hasta marzo.

"Con fecha 28 de julio de 2004, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) recibió del Fobaproa recursos por un total de siete pesos, dicho importe representa la transferencia final derivada de la extinción de dicho fideicomiso". Esta es la breve nota, incluida en el último párrafo de un informe de 43 páginas que contiene los estados financieros del IPAB al segundo trimestres de este año, divulgados hace dos semanas.

A cambio de recibir del Fobaproa los siete pesos, el IPAB, en ese mismo acto legal, asumió el compromiso de pagar al menos 107 mil millones de pesos, que corresponden al último tramo que estaba en litigio de operaciones del gobierno con cuatro instituciones financieras como parte del rescate bancario, según el mismo documento.

"Al decretar la extinción del Fobaproa, el gobierno federal entierra todo el rescate bancario, ya no se podrá investigar a futuro", agregó Ramírez Cuellar. Incluso, destacó que al IPAB no corresponde hacer el anuncio, sino la Secretaría de Hacienda y al Banco de México, dado que el Fobaproa es un fideicomiso que dependía del banco central.

"Es la gran ilegalidad que cometieron, disuelven el Fobaproa y todos los pasivos pasan al IPAB y por ese hecho los convierten de manera ilegal en deuda pública y obligan a la Cámara de Diputados a servir esos pasivos", añadió el legislador.

El Fobaproa, que en el marco de la crisis 1995 y 1996 cargó al erario la deuda del rescate bancario, fue manejado en esos años por funcionarios del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, que endosaron al margen de la ley el mayor monto de deuda pública en la historia del país con el argumento de evitar la quiebra del sistema financiero y ninguno de ellos ha sido responsabilizado por ello, al menos hasta ahora.

La deuda generada por el rescate bancario realizado por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, alcanza un billón 264 mil millones de pesos, unos 114 mil 909 millones de dólares. Representa un monto equivalente a 18.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Para efectos comparativos, el monto de esa deuda es 36 veces mayor que la inversión destinada al desarrollo de la industria petrolera nacional. Ello, en el marco de la descapitalización de Petróleos Mexicanos, empleada como argumento oficial para abrir esa empresa estatal a la participación privada, tanto en las obras que realiza como en la estructura de su capital.

Los pasivos cargados a la deuda pública por el rescate bancario al amparo del Fobaproa superan el saldo de la deuda pública externa contratada por el país en toda su historia y que, al cierre de septiembre, se ubicó en 79 mil 563.8 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Hasta antes del anuncio de la extinción del Fobaproa, el hecho de que legalmente ese fideicomiso siguiera existiendo abría la posibilidad de una investigación sobre sus operaciones y el costo que representan para la sociedad mexicana. Se trata de una posibilidad que, de acuerdo con fuentes legislativas consultadas por La Jornada, es ahora más acotada.

La extinción del Fobaproa, con toda la carga que representa por el hecho de que ese fideicomiso fue empleado por el gobierno federal para conducir el cuestionado rescate bancario, estuvo determinada por la firma, el 15 de julio pasado, de un acuerdo entre el IPAB y Banamex-Citigroup, BBVA Bancomer, HSBC (antes Bital) y el mexicano Banorte de convenios por medio de los cuales el Instituto asumió la responsabilidad total de las obligaciones derivadas del saneamiento financiero.

Como parte de este convenio, el IPAB asumió el compromiso de pagar la deuda que tenía el Fobaproa como parte del PCCC, en un monto que ronda los 107 mil millones de pesos. Y, a cambio de asumir ese pasivo -que equivale a siete veces el presupuesto de un año de la Universidad Nacional Autónoma de México- el Fobaproa transfirió al IPAB su capital: siete pesos.

Las últimas obligaciones que mantenía el Fobaproa -y que impedían su extinción- eran las relacionadas con el llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), instrumentado durante 1995 para inducir a las instituciones a efectuar aportaciones de capital cuando su situación financiera, derivada de la crisis económica de ese año, deterioraba la calidad de sus activos y ponía en riesgo su viabilidad.

El propio Fobaproa, dirigido entonces por Javier Arrigunaga, actual funcionario de Banamex-Citigroup había establecido como regla que, en el marco del PCCC, el gobierno aportaría dos pesos por cada peso que pusieran los banqueros, una regla que no se cumplió. Algunas instituciones recibieron hasta siete pesos del gobierno por cada peso aportado por sus accionistas.